El colectivo de intérpretes de lengua de signos que trabaja en institutos públicos andaluces se ha manifestado a las 18.00 horas en las ocho capitales de la comunidad en protesta por su situación laboral cada vez más precaria. En Granada se han concentrado en la puerta de la Delegación del Gobierno de la Junta.

Los intérpretes desempeñan su labor interpretando las clases a alumnos sordos que cursan estudios de secundaria, bachillerato o ciclos formativos en centros públicos para facilitar su integración. Pero, según ha explicado a Europa Press una de las portavoces del colectivo, Margarita Sanguino, la situación "se va agravando cada año", pues la Consejería de Educación, Cultura y Deporte no atiende a las peticiones de un sector cuyo servicio, cada cierto tiempo, "se ofrece al mejor postor, siendo uno de los requisitos para la empresa adjudicataria que la oferta sea la más económica para la Junta: como se puede adivinar, eso solo se consigue bajando los salarios de los trabajadores a medida que van pasando los años".

Una vez adjudicado, "los trabajadores ya no tienen ninguna vinculación" con la Junta, es decir, "se financia un servicio, obligatorio por ley, pero se desentiende completamente de la forma de gestionar la subvención", con lo que todo desemboca en un grupo de trabajadores que, "a diferencia del resto de profesionales con los que comparten su jornada laboral, no pueden vivir de su profesión".

A pesar de existir la categoría profesional de Intérprete de Lengua de Signos en el convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía desde enero de 2008, esta categoría nunca se ha dotado y el servicio de lengua de signos está supeditado a la pujas de empresas que buscan el rendimiento económico, razón por la que el colectivo sufre "unas condiciones laborales indignas, a lo que hay que añadir una pérdida salarial mensual de más de 400 euros en los dos últimos años", según ha lamentado CC OO.

Por ello, desde el sindicato se exigen unas condiciones laborales dignas para este colectivo que la actualidad ocupa en torno a una veintena de personas en Granada, que entre otras funciones hacen efectivo el derecho a la educación del alumnado sordo y son el puente de comunicación entre este alumnado y la comunidad educativa, propiciando con ello su integración en este ámbito. CC OO exige la creación de las plazas de intérpretes como personal laboral propio de la Junta de Andalucía.