La confluencia Granada se Encuentra (Podemos+Alianza Verde+Independientes) ha presentado alegaciones a los tres expedientes de modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2024. Consideran que se introducen "discriminaciones e injusticias que son perjudiciales para los granadinos".

Respecto al Canon de Inversiones Hidráulicas, esta confluencia "rechaza de plano que se pretenda cobrar exclusivamente a los vecinos de Granada a quienes se discrimina respecto al resto de los 14 municipios en los que el servicio del ciclo integral del agua es prestado también por Emasagra".

En total serán 10,4 millones de euros que, a juicio de GsE, "deberían financiarse a cargo de los seis millones de beneficios que la empresa suministradora obtiene de media cada año". Más aún dado cuando las inversiones a realizar van a repercutir en un "ahorro considerable en sus gastos de energía" y por tanto contribuirán a "mejorar aún más sus beneficios".

GsE considera "inexplicable" que a pesar de esta "patente discriminación" contra los granadinos, sus representantes en el Ayuntamiento, la alcaldesa y los concejales de PP, PSOE y Vox, hayan votado a favor de continuar con su tramitación.

En relación con el IBI, la confluencia denuncia la "falta de transparencia" que supone la no publicación del informe económico con la previsión de ingresos que la modificación de la Ordenanza va a suponer para el Ayuntamiento y su repercusión diferenciada sobre los distintos sectores económicos a los que se aplican modificaciones en el tipo del impuesto.

Señalan que se producen cambios en los tipos de gravamen que afectan de forma muy distinta a según qué sectores. Así para el sector del comercio se produce una bajada del 10% para las grandes superficies mientras que se incrementan un 40,84% para locales bastante menores. Para una parte de los inmuebles destinados a uso industrial o de oficinas el incremento será del 56%.

Igualmente denuncian que se pretenda eliminar el recargo del 50% a las viviendas desocupadas que se encuentren desocupadas de forma permanente y sean propiedad de grandes tenedores (cuatro o más viviendas).

Granada se Encuentra critica las "contradicciones" de la alcaldesa y también del PSOE

Las últimas alegaciones realizadas por GsE se refieren a la modificación de la Ordenanza de recogida y tratamiento de residuos. Proponen que "no se incremente la tasa de tratamiento", cuya aprobación inicial supone una subida media del 88% y que el Impuesto por depósito de residuos a vertedero corra a cargo de la Diputación, que es la titular de la planta y la gestora del tratamiento de los residuos.

Reclaman también que a la Ordenanza se incorporen bonificaciones por compostaje, individual o colectivo, y para las empresas de distribución alimentaria y restauración que establezcan sistemas de reducción de residuos alimentarios, en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro, en aplicación de la ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

También critican "la contradicción de la alcaldesa, Marifran Carazo, que prometió en campaña electoral una rebaja de tributos y ahora lo que hace es incrementarlos". Igual que señalan "la contradicción en el sentido de voto del PSOE, en contra en la Diputación, donde reclamaron que el coste del Impuesto fuese a cargo de la institución provincial, y a favor en el Ayuntamiento de Granada".