El sector de Justicia de CSIF ha manifestado su "total oposición" a que "se comarcalice el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santa Fe, tal y como plantea la Administración autonómica por orden del Ministerio de Justicia". La medida, según explica en una nota de prensa el sindicato, consistiría en "quitar la competencia de violencia de género de los juzgados de esta localidad metropolitana, concentrando todos los procedimientos en la capital granadina". 

CSIF ha criticado la propuesta del Ministerio de Justicia, que considera "nefasta para las víctimas, familiares de las víctimas y trabajadores de este ámbito". Para afrontar este nueva "reestructuración", la responsable de Justicia de CSIF Granada, Silvia Martín, ha reclamado "una ampliación de plantilla suficiente para dar cobertura a los dos juzgados de la capital". "Necesitaríamos un refuerzo de personal más ambicioso que el de la creación de un solo puesto de tramitación para los juzgados de Violencia número 1 y 2, como propone la Administración de Justicia, con al menos dos plazas más de gestión y de tramitación para cada uno de estos juzgados".

Desde CSIF Granada se ha recordado, además, que si se acomete este proyecto se debería "dotar a la capital de un nuevo juzgado de Violencia, el número 3, para no empeorar la calidad del servicio público con más carga de trabajo y menos personal". Asimismo, el sindicato ha denunciado que las víctimas de violencia de género y sus familiares deberían de realizar, en muchos casos, "desplazamientos de varios kilómetros hasta los juzgados de la capital, con las dificultades económicas, de transporte y de organización familiar que supone en momentos tan complicados, con esperas de 10 y 12 horas, encerradas en una habitación". 

Denuncia que la falta de personas provoca "estrés, cansancio y episodios de ansiedad que requieren atención sanitaria entre los funcionarios"

Y en cuanto a los trabajadores de los juzgados, "la situación no es mejor". Según la responsable de Justicia de CSIF Granada, "los funcionarios realizan jornadas maratonianas, sin contraprestación alguna, e impidiendo la conciliación de la vida familiar". Todo esto provoca "estrés, cansancio, insomnio, episodios de ansiedad que requieren atención sanitaria, etcétera, entre los funcionarios, por lo que si se dan de baja médica, la falta de personal se acrecienta, agravando, en definitiva, la delicada situación de la Administración de Justicia". 

CSIF ha exigido un esfuerzo a las distintas administraciones para "mejorar la gestión de personal y del servicio público sin que conlleve perjuicios tanto a la ciudadanía como a los funcionarios".