El sector de Justicia de CSIF Granada ha reclamado que se realicen pruebas diagnósticas PCR a los funcionarios que se están incorporando a partir de esta semana a sus puestos en las sedes judiciales de la provincia y que entre este jueves y el próximo lunes serán unos 220 trabajadoras y trabajadores, que se sumarán a los que prestaban servicios esenciales desde que se decretó el estado de alarma. El objetivo de la realización de estas pruebas es detectar posibles personas que sean portadoras del COVID-19 y proteger así la salud, tanto del personal de Justicia que se está incorporando paulatinamente, como de las personas usuarias.

Así lo ha exigido el sindicato en un escrito dirigido a la Administración de Justicia ante el inicio de la incorporación presencial de empleados de este ámbito en toda Andalucía, donde entre este jueves y el próximo lunes se habrán sumado 1.600 funcionarios de Justicia. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) entiende que es esencial la realización de dichas pruebas y avisa de que, si dicha petición no es atendida, se reserva el derecho de emprender las acciones, tanto civiles como penales, que puedan corresponder.

CSIF ha explicado que consiguió demorar el inicio de la reincorporación de los trabajadores al exigir provisión efectiva de los medios de protección a la Consejería como requisito ineludible previo. Por el momento, la incorporación de funcionarios de Justicia se está produciendo "con normalidad" en toda la comunidad andaluza, "salvo alguna incidencia relacionada con falta de coordinación en la entrega de material de protección". De forma general, se dispone del material necesario, como mascarillas, geles y guantes, así como mamparas que ya habían sido colocadas, ha indicado el sindicato.

No obstante, desde CSIF Justicia Granada "se va a permanecer vigilante ante cualquier carencia de material o de incumplimiento del protocolo establecido, de manera que se preserven las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Estamos comprobando que no falte ninguno de los elementos de protección individual ni colectivos necesarios en los órganos judiciales y que la atención al público se realice de forma correcta con el fin de evitar contagios, así como el rediseño, en su caso, de los puestos de trabajo para que exista una distancia de seguridad entre los trabajadores de al menos  metro y medio, por ejemplo, en el caso del registro civil donde los puestos de mostrador están colocados codo con codo o los juzgados de familia que sufren mayor hacinamiento por falta de espacio", ha señalado la responsable provincial del sector, Silvia Martín.

En este sentido, la responsable sindical ha alertado del aumento de demandas recibidas en la Administración de Justicia en Granada durante las últimas 24 horas, tanto civiles con un total de 638 en materia de familia, ejecución y monitorios, como en el orden contencioso, sobre todo en materia de extranjería (70) y en despidos y prestaciones como consecuencia del estado de alarma por coronavirus (41).