La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las Administraciones públicas, lleva años alertando del "colapso" a nivel nacional de la Seguridad Social, tras perder más del 20% de su personal en la última década. Ahora, con el inicio del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el sindicato advierte de que el personal del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) "es insuficiente" para resolver estos expedientes y teme un colapso como el del SEPE tras la avalancha de ERTEs.

La responsable del sector de Administración General del Estado en CSIF Granada, Soledad Serrano, explica que “las previsiones se han sobrepasado y, ahora mismo, de los 244 efectivos que componen el INSS en la provincia, 63 se encargan de la tramitación de solicitudes para el IMV. Están realizando una labor titánica, con mucho esfuerzo y dedicación, que implica que también estén trabajando de forma voluntaria por las tardes para hacer frente a la avalancha de expedientes. Desde el pasado 15 de junio se han registrado unos 10.000 expedientes y cabe la posibilidad de que lleguemos a los 25.000, aparte de las 3.319 solicitudes que ya se han reconocido de oficio en nuestra provincia".

Serrano critica que “las plantillas se han encontrado con esta situación complicada y falta personal para atender el volumen de trabajo actual porque no se ha sumado ni un solo refuerzo en cuanto a personal. Además, las empleadas y empleados públicos han requerido de una formación específica para hacer frente a la falta de instrucciones claras y a muchas dudas que planteaba el Real Decreto sobre la tramitación de la nueva prestación de IMV. Se invierte una media de 40 minutos en cada uno porque son complejos y requieren recabar documentación de distintos organismos”.

Asimismo, desde el sindicato se advierte de otro problema añadido, derivado de la brecha digital, ya que un alto porcentaje de las familias que solicitan estas ayudas carecen de internet o no tienen ordenador, “lo que impide la tramitación telemática y hace que lleguen expedientes sin certificado digital o en una gran mayoría incompletos y esto provoca un mayor retraso en las adjudicaciones”. Además, añade la responsable sindical, “la plantilla debe seguir tramitando los procesos y prestaciones habituales de incapacidad temporal o permanente, jubilación, orfandad, entre otras, atender llamadas telefónicas y hacer frente a la atención presencial”.

En este sentido, el sindicato apuesta por reforzar el sistema mediante una oferta de empleo público que cubriera en torno a las 6.000 plazas que se necesitarían, además mientras tanto es urgente la contratación temporal de interinos para dar un adecuado servicio público.