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Juan Antonio Fuentes, en una imagen de archivo. indegranada

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Juan Antonio Fuentes ha defendido ante el juez la legalidad del procedimiento que siguió para la contratación de servicios extraordinarios en TG7 durante la etapa de gobierno de este partido, así como del convenio que firmó en julio de 2015 para "reducir la deuda" que existía en esta materia, incidiendo en que ningún funcionario puso "reparos" o alertó de posibles ilegalidades.

Fuentes ha sido citado este lunes a declarar como investigado por este asunto junto a la empleada pública que ejerció funciones de directora de la televisión en aquel momento y ha garantizado que nunca "actuó con ánimo de saltarse la ley", según consta en su declaración judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press.

En una atención posterior a los medios, ha confiado en que todo "se archive" por entender que forma parte "de una denuncia política" que ha vinculado con el deseo de impedir una moción de censura promovida por el PP en el Ayuntamiento. Ha dicho estar "muy satisfecho" porque, una vez que ha dado "todas las explicaciones" "esto va a quedar en nada" y ha avanzado que aportará más documentación a la causa para reforzar su versión de lo ocurrido.

Ante el juez ha dicho que con este convenio lo que pretendió fue "regular un poco" los servicios extraordinarios que se habían producido en los últimos tiempos a raíz del refuerzo que tuvo que hacerse para cubrir actos electorales y por empezar a darse mayor cobertura a determinados eventos como la Semana Santa.

Ha defendido igualmente que si el documento no fue "convalidado" por la Junta de Gobierno Local fue porque entendió que no era una modificación del contrato original y por tanto tenía competencias para firmarlo él.

Fuentes dice que no fue consciente de que el importe excedía de lo contratado o de que careciera de crédito o soporte jurídico

A preguntas del fiscal, ha dicho no ser consciente de que estos servicios extraordinarios facturados excedían el importe en su día contratado y podían carecer de crédito y no tener soporte jurídico. De hecho, consideró que "no había ningún problema" porque el presupuesto del área donde residía el servicio de televisión era "muy superior" a las cantidades que se estaban tratando.

Ha garantizado que se "hacía un gran seguimiento" de que los servicios se prestaran y que, en todo caso, cuando solicitaba a la productora CBM algún trabajo extraordinario era en "virtud de lo previamente acordado en la comisión de control", donde están representados todos los partidos, o porque así lo había decidido el equipo de gobierno.

Según informa Europa Press, la que ejerciera como directora de la televisión -Cristina García- ha declarado que no tiene conocimientos de la gestión económica de TG7 y que no pudo advertir ninguna irregularidad por los conceptos facturados a la productora al examinar las actas de recepción.

Ha reconocido que en el informe que elaboró sobre estos servicios extraordinarios a petición del coordinador general de Economía no comprobó que la facturación de los mismos correspondiera a los precios de los contratos y del mercado, sino que se guió por lo manifestado por Fuentes dado su "desconocimiento" en la materia.