Nuevo intento de restablecer la legalidad urbanística en el entorno
Urbanismo pone en marcha los trámites para desalojar las cuevas de San Miguel
Tras prácticamente dos décadas sin una intervención seria, el Ayuntamiento de Granada afronta el reto de acabar con los asentamientos ilegales en el cerro, donde solo 7 de las 64 cuevas existentes están escrituradas y registradas a nombre de propietarios privados.
P.V.M.
Urbanismo ha comenzado a notificar sanciones por irregularidades urbanísticas, en un paso previo al posterior desalojo.
La próxima semana Urbanismo comenzará a notificar los primeros 13 expedientes sancionadores que instan a los moradores de otras tantas cuevas a eliminar las obras ilegales que han acometido sin permiso y pese a encontrarse en un entorno no urbanizable y de especial protección agrícola, como es el Cerro de San Miguel.
Es solo una de las iniciativas del conjunto de acciones que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Granada con el objetivo de restablecer la legalidad urbanística en una zona en la que no se ha llevado a cabo una intervención seria prácticamente en las dos últimas décadas y en la que el último intento de desalojo terminó en fiasco.
Con esa experiencia y el deseo de no volver a cometer los mismos errores, el área de Urbanismo pone en marcha un proceso que, como ha señalado su responsable, el concejal Miguel Ángel Fernández Madrid, "no va a tener fin" y cuyo objetivo último es desalojar las cuevas ocupadas ilegalmente y convertir en una zona verde el Cerro de San Miguel, como prevé el Plan General de Ordenación Urbana de 2002.
Hay varios frentes en marcha e implica no solo al área de Urbanismo, también a Protección Ciudadana, con la participación de la Policía Local, y también a Derechos Sociales, que presta asistencia a aquellos habitantes que sí tienen necesidades sociales.
Precisamente de la primera fase de esta operación, con la participación activa de los agentes de la Policía Local, se ha conseguido identificar a las personas que viven en las cuevas, además de detectar ilegalidades urbanísticas.
Se cerraron dos bares ilegales y se han abierto 13 expedientes sancionadores por cubiertas con tejas o cementos; construcciones adosadas a las cuevas, como porches, pérgolas o patios; cambiar la traza natural de los caminos; vallados perimetrales de parcelas; o instalaciones de luz y agua.
Son faltas muy graves y se enfrentan a sanciones de 63.000 euros. Comienzan a notificarse ahora, como se ha señalado, y se da un plazo de dos semanas a los ocupantes para restablecer la legalidad. No obstante, y pese a que no son inmuebles legales, la Administración sí debe proceder conforme a los trámites e incluso está obligada a dar un plazo de alegaciones.
La mayoría de esas 13 cuevas, 8, está en suelo municipal; las otra cinco fuera de ese ámbito.
Una inspección previa a solicitar el desalojo al Juzgado
El siguiente paso incluye una inspección de todas las cuevas. Según los datos que maneja Urbanismo, que debe actualizar los últimos informes del área que son de 2013, hay 64 cuevas en terreno municipal. Entre ellas, siete con doble inmatriculación, es decir, aunque sea terreno municipal, cuentan con escrituras registradas a nombre de propietarios privados.
El edil Fernández Madrid ha informado este martes de las medidas para restablecer la legalidad en la zona. indegranada
La información de esa inspección es clave para poder acudir después al Juzgado y solicitar el desalojo de aquellas cuevas que están ocupadas ilegalmente, en un paso que no será ágil.
En este sentido, Fernández Madrid ha vuelto a insistir en la necesidad de "aprender de los errorres" y ha destacado que no es suficiente con contar con la autorización judicial, sino que el Ayuntamiento debe tener inmediatamente después la capacidad de demolerlas y recuperar el espacio, contando por tanto para ello con partida económica.
Ha recordado que el último desalojo, en 2013, se hizo por la mañana y prácticamente por la tarde ya volvieron a estar ocupadas.
Ahora, ha indicado el concejal, hay fondos E-Dusi que podrían destinarse a recuperar el entorno de las cuevas.
"Este proceso no va a tener fin. El PGOU obliga a que sea zona verde. Pertenece a todos los granadinos y no podemos seguir permitiendo que, sin título de propiedad, sin licencia y sin cumplir las normas tengamos un núcleo asentado de manera ilegal y haciendo de su capa un sayo", ha afirmado el edil de Urbanismo que ha admitido que desde el Ayuntamiento se ha fallado en este tema porque se han acumulado "17 años de incumplimientos".
Fernández Madrid ha advertido de que no se trata únicamente de restablecer la legalidad urbanística, sino de garantizar la seguridad. Al respecto recuerda que se trata de un cerro arcilloso que carece de las condiciones de habilitabilidad y seguridad.
En la zona, pese a ser de especial protección arqueológica, se han producido continuos movimientos de tierra, comprometiendo las prevenciones arqueológicas.
Por todo ello, el edil ha justificado esta actuación, muy demandada por los grupos, con los que se ha acordado la intervención, y también por los vecinos y vecinas.
Respecto al uso futuro, Fernández Madrid ha recordado que el Plan Albaicín otorga usos terciarios a la zona, aunque el PGOU; que es posterior, lo cambia y protege, instando a desarrollar un plan especial que lo convierta en una zona verde. Ese es el objetivo, valorando si se puede poner en marcha algún museo de interpretación de las cuevas, aunque en ningún caso el hotel del que se llegó a hablar en su momento.
