El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado la ordenanza fiscal provincial que regulaba el servicio de tratamiento de residuos, que aprobó el gobierno del PP de la Diputación en el anterior mandato, y que derivó en una tasa de basuras que también anuló el TSJA.

La resolución, que atiende un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Maracena (PSOE), fue dictada a mitad del mes pasado por la Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo del TSJA, y subraya que la Diputación no tiene potestad para realizar ordenanzas fiscales de ámbito provincial sobre la prestación de un servicio de competencia municipal, que fue lo que hizo el anterior gobierno de la corporación al imponer una tasa por el tratamiento de residuos.

“La Diputación no se atuvo a las prescripciones normativas”, indica la sentencia que incide, además, en que la institución provincial carecía de competencias para establecer una tasa por la asunción de la prestación de un servicio de competencia municipal, aunque muchos municipios no tuvieran recursos para prestarlo.

La resolución señala que el anterior gobierno provincial pretendía hacer recaer entre todos los vecinos la deuda que mantenían los ayuntamientos de la provincia con el Consorcio Resur, que disolvió el anterior equipo de gobierno provincial.

Esta resolución supone el segundo varapalo judicial al sistema de gestión de residuos que impuso el equipo popular en el anterior mandato. El pasado mes de julio, el TSJA anuló la Ordenanza reguladora de la prestación del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos. El tribunal motivó la anulación en la forma de calcular el importe de la tasa, mediante el valor catastral de las viviendas, ya que no era el adecuado para ello porque no tenía relación con los residuos que generaba cada domicilio.

Ahora el TSJA anula la ordenanza fiscal, la aceptación plenaria de las encomiendas de gestión y el decreto por el que se acordó prestar el servicio por sustitución en los ayuntamientos que no habían aprobado la encomienda. Es decir, la Diputación se arrogó una potestad tributaria que no fue encomentada expresamente por todos los ayuntamientos. 

Sin embargo, esta nueva sentencia, pese a anular la ordenanza fiscal que se elaboró para crear la tasa de basura cobrada a todos los domicilios desde el verano de 2013, no entra a valorar, como tampoco lo hizo la sentencia del pasado julio, si las cantidades cobradas a los ciudadanos deben ser devueltas o no, ya que los recibos se sustentan sobre ordenanzas anuladas por no estar ajustadas a derecho.

"Derrumba todo el sistema que articuló el PP"

“La sentencia derrumba todo el sistema que articuló el PP”, ha afirmado el vicepresidente primero de la Diputación y portavoz del gobierno provincial, Pedro Fernández. La resolución, ha agregado, obliga a la institución provincial a devolver a los ayuntamientos las competencias que “les hurtó el anterior gobierno del PP en materia de gestión de residuos sólidos”.

El portavoz del equipo de gobierno ha recordado que el grupo socialista advirtió entonces desde la oposición, y de manera reiterada, que el modelo impuesto a los ayuntamientos suponía invadir sus competencias y podría llevar a la institución a un callejón sin salida, “como ha ocurrido”.

“El modo autoritario de ejercer el poder llevó al anterior gobierno del PP a desmantelar un servicio, el de Resur, en el que estaban representados los ayuntamientos para crear uno forzando a los municipios y en contra de la autonomía local”, ha señalado Pedro Fernández, quien considera que la sentencia supone un duro revés para quienes han entendido la gestión pública desde el autoritarismo y sin el más mínimo respeto a la autonomía municipal.

“Nos opusimos a la disolución de Resur y al sistema que implantó el PP y alertamos de que podría tener graves consecuencias legales”, ha recalcado el portavoz socialista.