La Plataforma Stop Desahucios Granada 15M ha denunciado otro intento de desahucio a pesar del estado de alarma. En esta ocasión, según ha informado el colectivo, ha sido en Atarfe, donde Policía Local y Guardia Civil han acudido a la vivienda instando a la vecina, alojada en la casa con su hijo de dos años, a que la abandonara. 

En una nota de prensa, Stop Desahucios ha explicado que esta madre lleva viviendo en esa casa aproximadamente unos veinte meses, desde que el pequeño tenía 4 meses, huyendo de episodios de violencia de género -con sentencia-.La familia asiste a las asambleas de STOP Desahucios Granada 15M y figura como demandante de vivienda pública protegida del Ayuntamiento de Atarfe y en dos ayuntamientos más, así mismo ha demandado viviendas sociales en las empresas públicas de la Junta de Andalucía y Diputación de Granada (AVRA y VISOGSA).

Su situación legal en la vivienda está judicializada, pendiente de resolución sobre un recurso de la Audiencia Provincial.

"Pero lo grave de todo esto es que habiendo un Real Decreto Ley sobre el Estado de Alarma, que impide los desahucios hasta seis meses después del fin de este Estado de Alarma, la Policía Local de Atarfe acompañada de la Guardia Civil (o viceversa), en la tarde de martes 12 de mayo, se presentaron en el domicilio de esta madre y su menor de dos años y a pesar de la prohibición expresa de los desahucios, intentaron desalojarla de su vivienda (no sabemos por orden de quién), sin orden judicial y negándose a identificarse, ocultando los números de placa", expone Stop Desahucios en su comunicado.

Es el segundo caso de estas características que se registra, según recuerda el colectivo, que se refiere al desalojo de otra mujer en Fuente Vaqueros. 

La plataforma insiste en que seguirá "vigilante" para que no se vuelvan a repetir.

"La okupación con “k” es una cosa y la ocupación con “c” -por necesidad- es otra muy distinta. Cuando una familia como ésta no tiene trabajo y solo tiene unos ingresos de 527 euros de salario social, con esa cuantía no tienen ni para comer, cómo van a pagar un alquiler de mercado (de 300 euros mínimo), además de agua y luz, es evidente que no pueden, las administraciones públicas no han cumplido con su obligación y no hay viviendas públicas sociales y protegidas", denuncia el colectivo para añadir que "estas familias (que cada vez hay más, como también aumentan los muy ricos), no pretenden apropiarse de las fincas de bancos ni de fondos de inversión (fondo buitre), sólo quieren ejercer el derecho de habitar una vivienda que normalmente están deshabitadas y esperando especular con ellas".

Stop Desahucios Granada 15M insiste en que denunciará "cuantas veces sean necesarias estas actuaciones que rozando lo mafioso pretenden amenazar y extorsionar a familias con escasos recursos, como si fuesen juez y parte, y aún más grave es hacerlo en un estado de alarma como el que estamos viviendo en el cual, además, se prohíben los desahucios. Y seguiremos apelando a la intervención institucional para que se detengan estas prácticas, la no intervención las convertirá en cómplices".