La plataforma, constituida por las organizaciones sindicales ANPE, CCOO, CSIF, UGT, junto con FAMPA Alhambra, Frente de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento han expresaedo su más rotundo rechazo al artículo 9.4 del Decreto de Escolarización, "que obliga a ampliar las zonas de escolarización de los centros concertados". Los sindicatos han hecho un llamamiento a toda la comunidad educativa a "adherirse, construir y participar en la huelga del próximo cuatro de marzo para poder revertir este Decreto que vulnera un principio que para nosotros es esencial como es el principio de proximidad del centro educativo a las familias". 

En opinión de Mercedes González, responsable de Enseñanza CCOO Granada, esta ampliación de zonas a los concertados "los blinda ante la bajada de matrícula que viene ocurriendo por la escasa natalidad, haciendo recaer todo el peso de esta bajada solo en los centros públicos". "Esto va a generar pérdida de unidades en la red pública, poniendo en peligro su continuidad", ha afirmado González.

Además de los sindicatos, a la huelga se han unido las organizaciones más representativas de toda la comunidad educativa, como FAMPA Alhambra, que representa a las familias, y las organizaciones estudiantiles de mayor calado en nuestra provincia (Frente de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento). Todas las organizaciones presentes animan a trabajadores/as, alumnado y familias a secundar este paro y acudir a la manifestación convocada el 4 de marzo a las 12 de la mañana, con salida desde la Fuente de las Granadas en la Plaza del Humilladero.

Para las organizaciones integrantes de esta plataforma "la discriminación positiva que esta nueva norma extiende sobre los centros privados-concertados, al establecer la máxima puntuación por proximidad en un centro de cada tipo, abrirá, más aún, la puerta para la supresión de unidades públicas". En este sentido, es preciso recordar que "la escuela pública lleva sufriendo la problemática del cierre de aulas de una manera especialmente grave en los últimos años".

"CCOO no puede compartir el hecho de que, en un contexto de descenso de la natalidad, en lugar de apostar por una bajada de la ratio y por mejorar la atención y los recursos de la escuela pública para mejorar su calidad, la Administración priorice la aprobación de un decreto encaminado a desfavorecer la enseñanza pública".

Por todo ello, desde la Intersindical y Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, consideran que este Decreto "daña la educación, rompe el equilibrio del sistema educativo andaluz y es el paso primero de este gobierno para su objetivo final, que no es otro que el de suprimir las zonas educativas, un modelo que viene a segregar al alumnado en aquellas comunidades autónomas en que ya se aplica, mercantilizando la educación".