La federación provincial de asociaciones de madres y padres del alumnado de Granada FAMPA Alhambra alerta de "los efectos negativos" del decreto de escolarización de Andalucía al introducir un centro concertado en cada área de influencia, entre estos, "el desmantelamiento del modelo de escuela rural, sostenido exclusivamente con fondos públicos, ya que la escuela pública asume en exclusiva la escolarización del alumnado del medio rural".

Las AMPA de Granada denuncian, en esta línea, que la nueva normativa "oculta la falta de inversión en infraestructuras públicas en municipios de la provincia como Maracena, Albolote o Gójar, a lo que se suma que no tiene en cuenta en la baremación la discapacidad o trastorno del desarrollo ni del alumnado ni de sus progenitores si no supera el 33 por ciento".

Las familias de la escuela pública de Granada lamentan que "en lugar de apostar por una bajada de la ratio y por mejorar la atención y los recursos de la escuela pública para mejorar su calidad en un contexto de descenso de la natalidad, el Gobierno andaluz priorice un decreto que favorece a la educación concertada y a sus patronales". 

Según el movimiento de AMPA, al incluir entre sus novedades la posibilidad de que cualquier familia pueda optar por un centro privado sostenido con fondos públicos, "el decreto supone una clara apuesta por la concertada y deteriora el futuro de los centros públicos, pese a ser los únicos capaces de garantizar una educación de calidad e integral en condiciones de igualdad, respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión".

Tras la libertad de elección de centro y el criterio de demanda social, "se oculta la clara motivación de priorizar a la concertada"

En palabras del colectivo, el 95 por ciento de las familias andaluzas puede escolarizar a sus hijos en el centro que desea, lo que evidencia que se trata de "una medida puramente ideológica". "Tras la aclamada libertad de elección de centro y la aplicación de criterios de demanda social se oculta la clara motivación de priorizar a la concertada", advierte la presidenta de FAMPA Alhambra, Rosa Funes, quien recuerda que las administraciones públicas destinan cada año más de 6.000 millones de euros a los centros privados acogidos al concierto. "Casi uno de cada cinco euros que se invierten en educación van a parar a un centro privado", critica.

El movimiento de AMPA recuerda que "los conciertos educativos tienen consecuencias negativas para las condiciones laborales del profesorado, no atienden a zonas rurales y su coste requiere aportaciones extras por parte de las familias". 

"Una medida como esta crea desigualdades educativas, segregando al alumnado según el nivel socioeconómico de la familia", subraya FAMPA Alhambra, para la que es importante "poner en valor la educación en centros públicos, la formación y profesionalidad del profesorado, así como los recursos dedicados a la inclusión, la innovación y su apuesta decidida por la educación en valores".

La federación de AMPA niega, por otro lado, que el decreto nazca fruto del consenso como se congratuló el consejero de Educación, Javier Imbroda, ya que "tanto en el Consejo Escolar de Andalucía como en los espacios de negociación con las organizaciones sindicales se han rechazado las medidas que introduce esta normativa".

"Ante el deterioro a medio largo plazo que supondrá para la Educación Pública en Andalucía, FAMPA Alhambra llama a las AMPA y familias a sumarse y participar activamente en la huelga educativa convocada el próximo 4 de marzo contra este controvertido decretazo".