'Sí, fue un crimen'
El 10 de febrero de 1937, tras visitar la recién ocupada ciudad de Málaga, Luis Bolín, responsable de Prensa extranjera de la Oficina de Prensa y Propaganda de las fuerzas sublevadas, tomó su automóvil y recorrió los 100 kilómetros de la carretera costera que separaban la capital de Motril.
A lo largo del trayecto, según recogió en sus memorias, vio gentes cansadas y hambrientas, pero no halló vestigio del cañoneo que, según la prensa gubernamental, había realizado la escuadra sublevada sobre los civiles. Eso sí, admitió el uso, a su juicio legítimo, que se había realizado de la fuerza sobre las tropas gubernamentales en retirada y añadió "en cuanto a los refugiados que huían con ellos, nada les habría pasado de haber permanecido en Málaga".
Bolín acababa de construir el relato oficial franquista sobre La Desbandá que ha justificado durante décadas la actuación criminal de la flota, la aviación y las tropas terrestres sobre la población civil indefensa. Un mantra repetido por los mandos militares franquistas, refrendado por los historiadores del Régimen y amparado durante largo tiempo en la inaccesibilidad de los archivos militares.
Sin embargo, frente a esta versión oficial se preservó la verdad popular, la de la experiencia vital de las víctimas, obligadas a callar en público, pero que, como gesto de resistencia, mantuvieron el relato a salvo dentro de la placenta familiar.
Estos testimonios han visto la luz gracias al trabajo de historiadores y asociaciones memorialistas
Acabada la dictadura, estos testimonios han visto la luz gracias al trabajo paciente de algunos historiadores y miembros de las asociaciones memorialistas que han recogido con precisión los lugares y los sucesos que presenciaron: el bombardeo de la flota en las cercanías de Málaga, Torrox, La Herradura y Calahonda; el ametrallamiento de la aviación en Torre del Mar y en la Cuesta de los Caracolillos, las muertes por agotamiento, hambre y frio, el paso trágico del río Guadalfeo, el terror a ser alcanzados por las columnas de los sublevados.
Poco a poco, con mucho esfuerzo, pocos medios y ninguna facilidad, los archivos militares, de la mano de esos mismos investigadores, han ido proporcionando algunos datos. Así, los cuadernos de bitácora del crucero Canarias certifican que el día 7 bombardeó el tramo de costa entre La Herradura y Cerro Gordo.
Al día siguiente, su gemelo Baleares hizo lo propio entre Torrox y Motril, disparando 208 proyectiles de 102 mm sobre “camiones y peatones” a una distancia entre 600 y 1.800 metros.
La aviación ametralló el día 7 la carretera de Vélez Málaga a Torrox, el 8 descargó 24 bombas de 10 Kg “con éxito” en la entrada de Motril y otras 24 sobre la ciudad de Adra. El día 10, los FIATs CR32 procedentes de Armilla procedieron al “ametrallamiento de los fugitivos hacia Almería en el sector de Motril” y el 12 consumaba el infame bombardeo de los refugiados concentrados en el Puerto de Almería.
Bolín mintió, al igual que lo hizo sobre la garantía de protección para quienes se quedaron en Málaga: al menos 4.000 de ellos fueron fusilados. La Dictadura enterró la verdad tan profundamente que aún hoy seguimos sin conocer el número siquiera aproximado de muertos, ni el lugar donde se hallan sus restos. No se ha hecho justicia, ni se ha reparado a las víctimas.
Por eso, por decimocuarto año consecutivo, el próximo 9 de febrero saldremos a recorrer la carretera de la costa de Granada para que se sepa que aquí se produjo el mayor crimen de la Guerra de España en Andalucía. Y que sigue impune.
