Campaña Toca Granada esta Primavera. Patronato de Turismo

Una red regularizó ilegalmente a 3.000 marroquíes en Granada, a quienes cobraba hasta 12.000 euros

Ciudadanía - IndeGranada - Jueves, 25 de Febrero de 2021
Hay 18 detenidos, también en otras provincias.
Un agente policial, frente a su ordenador.
policía nacional/archivo
Un agente policial, frente a su ordenador.

La Policía Nacional ha detenido en Granada y en otras provincias a 18 personas integrantes de una red delictiva acusada de regularizar, sólo en Granada, a más de 3.000 marroquíes, a quienes se les facilitaba un conjunto de documentación falsificada como nativo o descendiente de la antigua colonia española del Sáhara Occidental para conseguir permisos de residencia o directamente la nacionalidad española. Los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial.

Según la investigación policial, la red inició su andadura en Granada en 2017 procedente de Jaén y se estableció como un despacho de abogados, que ya había sido investigado anteriormente por este mismo tipo de hechos. Al frente de este despacho estaba una abogada española, detenida junto a una empleada, además de un número importante de ciudadanos marroquíes vinculados a la organización como traductores o como beneficiarios de la nacionalidad o permisos de residencia solicitados a través del mencionado despacho, que tramitó hasta el 80% de las solicitudes presentadas en los organismos administrativos granadinos.

La forma de operar de esta red delictiva gira en torno a los beneficios otorgados a los nativos o descendientes de la población que habitó en las dos provincias del Sáhara Occidental en tiempos del gobierno colonial español, es decir entre 1958 y 1976, a quienes se les otorgó la nacionalidad española de pleno derecho, tal y como lo certifica la expedición de dnis, pasaportes y libros de familia.

La Policía explica que, como consecuencia del 'ius sanguinis' que se expresa básicamente bajo la fórmula “son españoles los hijos de padre o madre española…”, los habitantes de la colonia del  Sáhara Occidental y sus descendientes, hijos o nietos, pueden conseguir permisos de residencia e incluso la nacionalidad, de una forma más rápida y ventajosa frente a otros ciudadanos marroquíes. De esta forma, incluso algunos marroquíes que ya disfrutaban de permisos de residencia decidieron ponerse en manos  del mencionado despacho de abogados para tramitar un expediente de regulación como supuestos saharauis.

Pensiones fraudulentas

Para dar más apariencia de saharaui a quienes solicitaban un permiso de residencia o la nacionalidad, y otorgar  mayor credibilidad al expediente, se aportaba un justificante de percibir una pensión del Ministerio de Defensa, como miembro o integrante del Ejército español durante la época colonial, pensión a la que también tienen derecho las viudas o huérfanos de éstos. Este hecho ha permitido  destapar, además de la falsaria relación familiar de los supuestos saharauis con el perceptor de la pensión, el cobro fraudulento de pensiones de este tipo por parte de falsos militares, sus viudas o hijos, cuya cuantía oscila en torno a 600€ mensuales, y para cuya obtención fraudulenta se aportaban los mismos documentos que han sido declarados falsos.

La organización criminal cobraba a sus representados entre 4.000 y 12.000 euros por el trámite de una autorización de residencia o la nacionalidad, y se encargaba de aportar la documentación falsificada, que incluía las traducciones juradas del árabe o francés preceptivas e igualmente falsas. Tan sólo en Granada la Policía calcula que se han regularizado ilegalmente, a partir de finales del 2.015, más de 3.000 marroquíes. Todas las nacionalidades y permisos de residencia otorgados según este aporte documental falsario están siendo extinguidas o revocadas.

Esta organización criminal ya había actuado, en otras, en provincias como Oviedo, Badajoz, Cáceres, Murcia, Sevilla, Córdoba y Almería, y fueron condenados varios de sus miembros. Hasta el momento se ha detenido a 18 personas en relación con estos hechos en Granada, Jaén, Málaga, Cádiz. Alicante, Gerona o La Coruña, quienes ya han sido puestas a disposición de la autoridad Judicial. La investigación sigue abierta y  existe la posibilidad de nuevas detenciones en un futuro, advierte la Policía.