El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha señalado este miércoles que "la elevada litigiosidad" y la "congestión del sistema" imponen el "avance hacia un nuevo concepto de justicia" donde la mediación adquiera una importancia creciente, caminando hacia una "cultura de la paz" y la resolución pacífica de los conflictos.

Andalucía continúa siendo una de las comunidades autónomas con niveles más altos de litigiosidad, pese a que ha disminuido un uno por ciento en el último ejercicio, según los datos de la memoria anual de 2018 del TSJA, que ha sido presentada este miércoles por el presidente del alto tribunal andaluz.

Concretamente, los juzgados y tribunales andaluces ingresaron en 2018 un total de 1.209.533 asuntos, lo que sitúa a esta comunidad como la segunda en número de asuntos ingresados a nivel nacional, con un porcentaje superior en un 22 por ciento al de la litigiosidad estatal.

Para el TSJA, estas cifras reflejan un porcentaje de carga de trabajo "demasiado elevada" para los actuales recursos personales y el "defectuoso sistema organizativo, sumamente deficitario y rígido", lo que evidencia a juicio de Lorenzo del Río que "nuestro sistema de justicia se encuentra claramente congestionado" y, al mismo tiempo, la necesidad de "frenar la elevada litigiosidad" en Andalucía.

Lorenzo del Río ha mantenido que para avanzar en la normalización de los tribunales y reducir la bolsa de asuntos pendientes es "imprescindible" la creación de nuevas plazas judiciales y la mejora de los planes de refuerzo, así como mejorar la optimización de ciertos órganos.

En este contexto ve prioritario incrementar los niveles de eficacia mediante propuestas organizativas reiteradas y "olvidadas año tras año".

El presidente del TSJA ha mantenido que esta elevada litigiosidad y la congestión del sistema imponen el avance hacia un nuevo concepto de justicia donde adquiera creciente importancia la mediación, que a su juicio debe "institucionalizarse" y conectarse con la mejora de la justicia para hacerla más eficiente y responsable.

Ha hecho hincapié así en que es necesaria una nueva "cultura del acuerdo y del arreglo pacífico de los conflictos sin necesidad de que sea un juez el que decida", matizando que la mediación no debe concebirse como un instrumento para aligerar la carga de trabajo de los tribunales, sino como una herramienta que, siendo capaz de generar este efecto, propicie la tutela de los derechos e intereses legítimos.

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Lorenzo del Río durante la presentación de la memoria. tsja

Cifras y cláusulas suelo

Los procedimientos penales suponen cuantitativamente la mayor carga de trabajo judicial, el concreto el 59 por ciento del total. En el otro extremo se sitúa el porcentaje relativo a la jurisdicción social (6%) y contencioso-administrativa (4%), mientras que la jurisdicción civil supone un 31 por ciento del total de asuntos ingresados. Durante 2018 bajaron los asuntos ingresados en las jurisdicciones penal y social y subieron en la civil y contencioso-administrativa.

Concretamente la penal ingresó un 5 por ciento menos que el año anterior y destaca que la jurisdicción contencioso-administrativa sufrió un aumento del número de asuntos registrados de un 16 por ciento debido singularmente a procesos en materia de extranjería, en los que se acuerda la devolución o expulsión del extranjero.

La jurisdicción civil ingresó un 10 por ciento más de asuntos, lo que el TSJA vincula con las cláusulas suelo. La estadística en este campo ha crecido de forma desorbitada en Andalucía, donde hay un registro de 45.948 procedimientos durante 2018, con la siguiente distribución por provincias: Almería (3.003), Cádiz (6.808), Córdoba (4.681), Granada (4.722), Huelva (4.127), Jaén (4.835), Málaga (7.333) y Sevilla (10.439).

Si ya había sido muy elocuente el volumen de entrada de asuntos desde el 1 de junio al 31 de diciembre de 2017 (36.046 procedimientos ingresados en los denominados Juzgados bis), ha continuado la progresión de entrada de asuntos de forma llamativa, de modo que, a fecha 31 de marzo de 2019, se ha llegado en Andalucía a una cifra total de 87.345 procedimientos.

A partir de enero de 2019, se ha ampliado el refuerzo y número de jueces en todas las estructuras organizativas especializadas. La Sala de Gobierno, además, ha elaborado planes de actuación y coordinación de señalamientos, con la finalidad de aumentar la eficiencia en estos Juzgados especializados.

Desde el TSJA llaman en este contexto "a evitar a toda costa" que el esfuerzo de la Administración de justicia en esta materia pueda llevar en algún momento a "hablar de despilfarro", máxime cuando contamos ya, con carácter general, con jurisprudencia española y europea que debe impulsar a una solución consensuada en mucha mayor medida. Así, el TSJA reconoce que sigue observando "con preocupación" determinadas prácticas procesales que aumentan el número de pleitos y evitan soluciones consensuadas.

Tasa de resolución y más plazas judiciales

Los órganos judiciales del territorio siguen en términos generales con un "buen nivel de trabajo y laboriosidad", en tanto que se resuelven casi la totalidad de asuntos ingresados.

Concretamente, en 2018 los órganos judiciales resolvieron 1.169.267 asuntos, un dos por ciento menos en relación con el año anterior, quedando pendientes al final de año un total de 559.029 asuntos.

Respecto a las plazas judiciales, en la memoria se refleja la necesidad de crear al menos un total de 85 nuevas plazas judiciales, 20 para órganos colegiados y 65 para órganos unipersonales.

En general, la memoria del alto tribunal andaluz expone que "persiste la situación de estancamiento, deterioro, y merma de eficiencia en que está sumida nuestra justicia". Así, se indica que "seguimos con la habitual dispersión organizativa y territorial, sin ningún cambio organizativo ni mecanismos de flexibilidad y mayor especialización en torno a principios de concentración y actuación funcional y colegiada, signos de modernidad presentes en, prácticamente, todos los ámbitos judiciales de Europa".

En este sentido, se explica que "continúa la parálisis legislativa que impide las reformas que nuestra Justicia necesita, de manera significativa en el ámbito organizativo".

Todos los análisis detectan que nuestra Administración de justicia tiene problemas de institucionalidad y gobernanza, al tiempo que se ha producido un claro estancamiento en la adopción de medidas que contribuyan a renovar el sistema judicial.

Junto a una organización de trabajo colegiado y compartido que permita la mejor gestión y aprovechamiento de los actuales recursos, el TSJA reitera la urgencia de acometer una propuesta organizativa consistente en concentrar y agrupar partidos judiciales limítrofes y cercanos, superando la actual atomización, sin necesidad de suprimir partidos judiciales, aprovechando las actuales demarcaciones judiciales y compartiendo los recursos personales e infraestructuras con que ya cuentan, para mayor eficiencia y eficacia del servicio público a los ciudadanos.