La nueva ronda de declaraciones por la venta de la Casa Ágreda comienza con polémica por la negativa del juez a grabarlas

Ciudadanía - IndeGranada - Lunes, 9 de Abril de 2018
El empresario Ramón Arenas, que ejerce la acusación popular, alega "indefensión", mientras que Vamos Granada, personado también en la causa, advierte que se acumulan motivos para una nueva recusación al juez.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Granada, José Luis Ruiz Martínez, ha iniciado este lunes una nueva ronda de declaraciones para aclarar la venta de la Casa Ágreda por parte del anterior gobierno del PP, como le ordenó la Audiencia tras revocar su decisión de archivar este caso. 

Esta ronda de declaraciones ha comenzado con polémica por la negativa del magistrado a grabar estas comparecencias de testigos e investigados. La medida ha sido solicitada por las acusaciones populares ejercidas por el empresario Ramón Arenas y Vamos Granada, si bien el Ministerio Fiscal, las demás partes y el magistrado no lo han considerado necesario, lo que ha motivado que el letrado de Arenas haya salido de la sala.

La representación legal del empresario ha recordado que en este momento ni siquiera le ha sido notificado el auto de la Audiencia que rechazó la recusación del juez, lo que motivó que presentaran un escrito de reforma. 

El empresario alega indefensión en esta causa. Cita varios ejemplos, entre ellos el hecho de que el auto de archivo indicara que su abogado no estuvo presente en la declaración de la exconcejala Isabel Nieto, cuando así consta en acta junto a sus pregunas. Para Arenas, "todo está transcurriendo de nuevo para volver a archivar el procedimiento y esta acusación popular en nombre de la ciudad de Granada, ya que el Ayuntamiento no está aún, entiende que no va a formar parte de esta pantomima. Si quieren archivarlo, que lo hagan ya, pero es evidente que no vamos a participar cuando entendemos que se conculcan nuestros derechos constitucionales y se actúa de forma parcial". 

En un comunicado, Arenas critica la actuación del gobierno local socialista, recordándole que está actuando de otra manera a cuando estaba en la oposición. "No es de recibo que mientras que usted y las personas que de usted dependen hacen que se me nieguen los documentos para ejercer mi defensa y la del patrimonio de los granadinos y que ustedes no hayan tomado ni una sola medida cautelar mientras que los investigados aportan un sinfín de documentos oficiales. No es de recibo. Usted verá", dice dirigiéndose al portavoz del gobierno, Baldomero Oliver, añadiendo: "La urnas con toda seguridad, hablarán en su momento". 

El abogado del empresario se ha dirigido al Decanato de los Juzgados solicitando certificación de que existía disponibilidad de sala de vistas con sistema de videograbación conforme a ley. 

También Vamos Granada se ha pronunciado respecto de la decisión de no grabar las declaraciones, asegurando que el juez "está actuando en clara parcialidad a favor de los investigados en la manera en la que conduce las declaraciones".

Recuerda que "ya lo hizo en la instrucción de 2016" y por ello se pidió entonces que se grabara, lo que rechazó "sin alegar sin un solo motivo técnico o de otro tipo". 

"Las declaraciones se tienen que grabar para las máximas garantías", apunta Vamos Granada que incide en que tampoco el magistrado está investigando "quién es el inversor que está detrás de la adquisición" del inmueble. En este punto el grupo municipal recuerda que la ONG "no acreditó tener fondos ni patrimonio para esta operación y que los pagos que se hicieron al ayuntamiento no procedía de cuentas de AIDE". Por eso se pregunta la concejala Marta Gutiérrez: "A quién está protegiendo el juez para negarse a investigar esto cuando podría haber incluso un posible delito de blanqueo de capitales?". La concejala cree que se están acumulando los motivos para una nueva recusación y recuerda, como también este lunes ha recordado Arenas, que ni siquiera se le ha notificado en anterior procedimiento de recusación, "algo totalmente irregular y el juez sigue adelante como si tal cosa". 

"También nos preguntamos por qué con todo lo que está ocurriendo el ayuntamiento no está personado en esta causa en la que es claramente perjudicado" agrega. 

En la jornada de este lunes ha declarado en calidad de investigado el que fuera jefe de Servicios de Obras Privadas del Ayuntamiento de Granada, y como testigo, la actual directora general de Urbanismo, que actuó como secretaria de la Mesa de Contratación en su momento. 

El técnico investigado ha garantizado que "en ningún momento" durante la tramitación del expediente se evidenció por parte del equipo de gobierno (PP) la necesidad de favorecer la concesión a la ONG a la que finalmente se le cedió el inmueble.

También ha declarado que ni el entonces alcalde, José Torres Hurtado (PP), ni nadie de su equipo influyeron "bajo ningún concepto" en él con ese objetivo y que tuvo conocimiento de este expediente "una hora antes de confeccionar su informe", por lo que defiende que no tuvo intervención alguna en el mismo, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Este exjefe de Servicios ha abierto este lunes la nueva ronda de declaraciones fijada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada, después de que la Audiencia de Granada reabriera el caso el pasado verano.

En su declaración ante el juez, ha dicho que no le consta que hubiese un cambio competencial "expresamente" para tramitar el expediente de la Casa Ágreda ni que el entonces concejal de Patrimonio Eduardo Caracuel expresara objeciones a la tramitación del expediente.

Ha sido preguntado sobre este asunto a raíz de que la Audiencia considerara en su momento necesario aclarar si se pretendió apartar a Caracuel de la tramitación del expediente por no ser partidario de la opción elegida para la cesión del inmueble, si bien el investigado ha matizado que el área de Urbanismo ha tramitado "multitud" de expedientes similares y también patrimoniales.

Ha relatado que la rehabilitación del inmueble era el objetivo del pliego de condiciones, con la condición de invertir unos 5,9 millones de euros y el incumplimiento de la ejecución de las obras estaba estipulado como causa de resolución del contrato.

Ha incidido en que al examinar el expediente observó que era "un expediente normal" y que al ser la de la ONG la única oferta que se presentó "no había más remedio que darle la máxima puntuación" en tanto que también "cumplía los requisitos" que a él le competía analizar, entre los que no se encontraba la solvencia económica de la entidad.

Después de él ha declarado como testigo la actual directora general de Urbanismo, la cual también ha descartado que por parte del equipo de gobierno o de los miembros de la mesa se evidenciara la necesidad de favorecer a la ONG. La previsión es que el resto de investigados y testigos declaren este miércoles y el jueves en el juzgado.