Aunque la reforma introducida en la Ley tiene por objeto agilizar los trámites en los casos de okupas, para devolver a los dueños las viviendas, la modificación del articulado establece para todos los casos que se comunique a los Servicios Sociales el desahucio, cuando ya haya fecha para ejecutarlo, siempre y cuando los afectados den su consentimiento.

Con la comunicación se pretende que las víctimas de lanzamientos no queden en situación de desamparo. De esta forma, los Servicios Sociales, dentro de sus competencias, puedan preverlo y ofrecer alternativas de habitabilidad, como ya hace el Ayuntamiento de Granada.

Esta comunicación se viene haciendo desde hace cuatro años en Granada gracias al empeño de un grupo de funcionarios judiciales de La Caleta, nucleados en torno a Miguel Ángel Herrera Manzano y Miguel Esteban Florencio, que contó con el visto bueno del juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar.