La Diputación de Granada, la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno han acordado este miércoles coordinar las actuaciones que van a llevar a cabo las distintas administraciones en las zonas afectadas por el incendio de Lújar, que asoló 2.000 hectáreas de superficie, incluido un alcornocal centenario.

Así lo han decidido en una reunión celebrada en la sede de la institución provincial, en la que han participado el presidente de la Diputación, José Entrena, la delegada del Gobierno andaluz, Sandra García, el subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, la diputada provincial de Medio Ambiente, María Ángeles Blanco y representantes de los municipios de Lújar, Gualchos-Castell, Rubite, Vélez de Benaudalla y Motril.

Los representantes de las distintas administraciones han resuelto poner en común a los técnicos de la Oficina Comarcal Agraria de Motril con los técnicos municipales para realizar una valoración exhaustiva de los daños para solicitar después al Gobierno central que apruebe un decreto de emergencia por incendio.

La Diputación prestará asistencia técnica a los ayuntamientos para realizar dicha valoración, según ha señalado Entrena.

La reunión ha sido impulsada por el presidente de la Diputación, quien se comprometió en Lújar a promover un encuentro institucional para coordinar las actuaciones de las distintas administraciones.

En el encuentro, Entrena ha propuesto a la Junta y a la Subdelegación solicitar un Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) especial para regenerar el monte afectado por el fuego.

Arreglo de la carretera y los caminos

La Diputación, además de prestar asistencia técnica a los ayuntamientos, asumirá la reparación de la carretera que va de Lújar a Motril, que es de titularidad provincial, así como la reparación de caminos.

A su vez, la Junta, que ya ha aprobado la declaración de urgencia para actuaciones en la zona dañada por el incendio, destinará 345.000 euros para labores de corrección hidrológica de los cauces públicos afectados por el fuego.

En este sentido, Sandra García ha explicado que los informes realizados advierten de la necesidad de corregir los riesgos erosivos generados que podrían ocasionar pérdidas de suelo importantes y arrastres de sedimentos que supondrían un riesgo para las personas, infraestructuras y otros bienes materiales.

A su vez, el subdelegado del Gobierno ha informado en la reunión de que las ayudas estatales, recogidas en el real Decreto 307/ 2005, van dirigidas a aquellas unidades familiares o de convivencia económica que hayan sufrido daños personales, en su vivienda habitual o en sus enseres de primera necesidad.

Santiago Pérez también ha explicado que las ayudas están destinadas a las corporaciones locales, para hacer frente a los gastos de emergencia realizados, así como a las comunidades de propietarios, a titulares de establecimientos mercantiles, industriales o de servicios, debidamente registrados a efectos fiscales y con un número de empleados igual o inferior a cincuenta y a las personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestación personal o de bienes, a requerimiento de la autoridad competente en materia de protección civil en el ámbito de la Administración General del Estado.

Al margen de esta línea de ayudas, Santiago Pérez ha trasladado a los participantes en la reunión que desde la Delegación del Gobierno en Andalucía se propondrá la aprobación de un decreto extraordinario que recoja líneas de ayudas específicas destinadas a daños causados por incendios.