La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta prepara la redacción de un nuevo convenio que permitirá destinar los alojamientos universitarios de Almanjáyar a la integración de personas con enfermedades mentales, tal y como ha explicado el consejero Felipe López durante su intervención en el Pleno del Parlamento.

Durante su interlocución ha aclarado que su departamento ha ofrecido el uso de esta residencia a la Fundación Andaluza para la Integración Social de personas con Enfermedades Mentales (Faisem), así como a otras organizaciones sin ánimo de lucro.

López ha destacado que "actualmente estamos trabajando para buscar un nuevo uso a estos alojamientos que garantice su utilidad social, dando prioridad a entidades sin ánimo de lucro que los destinen a personas sin recursos o en riesgo de exclusión social, aprovechando así su configuración específica que no permite su uso como vivienda convencional".

La Consejería de Fomento y Vivienda construyó, con una inversión de 2,3 millones, esta promoción para destinarla inicialmente a VPO en venta. Con posterioridad, modificó el uso con la llegada de la crisis económica y ante las dificultades de los usuarios para obtener los préstamos hipotecarios, destinándola a 80 alojamientos para la comunidad universitaria, para lo cual se firmó un convenio con la Universidad de Granada en 2014. La adaptación de las viviendas a los nuevos usuarios requirió un desembolso de 176.000 euros.

Los miembros de la comunidad universitaria interesados debían abonar una renta de alquiler de 60 euros mensuales y destinar 25 horas al mes a trabajos públicos de voluntariado. El consejero ha explicado que el primer año de la demanda fue "muy baja", alojándose únicamente 13 estudiantes y situándose la media de ocupación mensual de siete u ocho personas. Ante la falta de demanda, la Junta de Andalucía inició una campaña de publicidad de los alojamientos en la Universidad de Granada y en los ayuntamientos de Almería y Jaén de donde proviene la mayor parte de la demanda estudiantil universitaria.

Sin embargo, la convocatoria quedó resuelta ante la reducida demanda y es por ese motivo que el pasado 22 de septiembre la Comisión de Seguimiento del convenio acordó su resolución, tal y como ha subrayado Felipe López, quien ha añadido que "el Ayuntamiento de Granada ha colaborado en este proceso, autorizando la excepcionalidad de estos alojamientos a través del Registro Municipal de Vivienda Protegida", a fin de poder adjudicarlos a entidades sin ánimo de lucro que puedan destinarlos a personas sin recursos o en riesgo de exclusión social, ya que la configuración del complejo no permite su uso como viviendas convencionales para familias.