La Junta ha ampliado las ayudas para comedores sociales en la provincia de Granada hasta los 574.000 euros. Con esta partida presupuestaria se podrá atender a 11.233 personas en los diferentes comedores sociales de la provincia, en el marco de las medidas para garantizar la atención de las personas más vulnerables durante la pandemia, según la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

La delegada provincial de la Consejería, Ana Berrocal, detalla que la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de solidaridad y garantía alimentaria para entidades privadas sin ánimo de lucro se ha incrementado desde los 116.603 euros iniciales a los 573.531 euros, lo que supone un aumento de 456.928 euros del presupuesto inicialmente aprobado.

Para Ana Berrocal, los comedores sociales "constituyen un servicio esencial especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, económica y social pues garantizan la cobertura de necesidades alimentarias la población más vulnerable y constituyen un recurso fundamental y complementario de otras estrategias implementadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación".

La delegada ha agradecido el trabajo realizado por estos comedores que "presentan servicio a lo largo de todo el año y especialmente durante estas difíciles circunstancias de confinamiento" y ha manifestado su apoyo, considerando esta "actuación absolutamente prioritaria" y "esencial" el incremento de recursos destinados a esta linea de subvenciones.

La convocatoria de ayuda institucional para comedores tiene por objeto la preparación y reparto de alimentos a personas con escasos recursos económicos y/o en riego de exclusión social destinados a su consumo en las propias dependencias de la entidad que las preste o, en su caso, en los hogares de las personas demandantes.

La distribución de las cantidades, que ascienden en el conjunto de Andalucía a 3,4 millones de euros, se ha realizado en función de las demandas recibidas a las distintas delegaciones territoriales, de manera que se garantiza los recursos a todas las entidades que han solicitado las ayudas para que puedan ejercer su labor de ayuda a las personas en riesgo de exclusión.