La Memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía vuelve a alertar del impacto del cultivo de marihuana en la provincia de Granada, donde lejos de disminuir y a pesar de las innumerables operaciones de Guardia Civil y también Policía Nacional, el cultivo "se extiende como una mancha verde por la casi totalidad de los municipios de la provincia". 

Una actividad imparable a pesar de las incautaciones

La Fiscalía ofrece datos que sustentan esta afirmación. De un lado, los beneficios económicos que genera esta actividad. Solo en la provincia de Granada, que junto a Barcelona concentra el 25 por ciento de la producción total de marihuana en España, este impacto económico "produce unos beneficios brutos superiores a los 40 millones de euros". El fiscal de Granada, y así se recoge en la Memoria, se llega a preguntar: "¿qué sector económico de Granada produce unos beneficios brutos superiores a los 40 millones de euros y qué incidencia tiene en la vida económica de Granada el blanqueo de estas cantidades?". Una pregunta que, según la Fiscalía, se puede extender "a todo el territorio andaluz y que es la causa de que esta actividad siga imparable, a pesar de las cantidades decomisadas y bienes intervenidos".

La afirmación respecto a que esta actividad ilícita se extiende se corresponde, indica la Fiscalía, con la actividad judicial, pues "la mayor cifra de incoaciones corresponde a los procedimientos de drogas que no causan grave daño del tipo básico (835 procedimientos) y se refieren a estos tipos de cultivos de marihuana indoor, respecto a los que se han formulado en 2021 un total de 504 acusaciones y 47 en diligencias urgentes. Se dictaron 454 sentencias por los juzgados de lo penal, la inmensa mayoría condenatorias. Por otro lado, se decretaron 49 prisiones preventivas por este tipo de asuntos".

La Fiscalía, "preocupada" por el número de organizaciones criminales dedicadas a esta actividad

En Granada, además, es "preocupante" también el número de organizaciones criminales dedicadas a este tipo de actividad delictiva; se siguen 7 procedimientos de sumarios ordinarios en los que se aplica la agravante el 369 bis, resaltando el 1-20 del Juzgado Mixto de Santa Fe 4, con 97 procesados pertenecientes a tres ramas, una de ellas polaca, dedicadas al cultivo y exportación de marihuana y el SO 1/21 del Juzgado 1 de Santa Fe, también por tráfico de marihuana, con 42 procesados.

En el conjunto de la provincia de Granada, según datos de la Subdelegación del Gobierno recogidos en la Memoria de la Fiscalía, el número de operaciones de Guardia Civil y Policía ha sido de 814 en 2021 (658 en 2020, un 23,7% más). En ellas se ha detenido a 1.024 personas (792 en 2020, un 23,7% más). En estas operaciones se ha incautado 428.719 plantas (por 159.917 en 2020, un 168% más). Estas cifras dan cuenta que no exageramos cuando hablamos de un verdadero problema ante este crecimiento exponencial.

Según el Ministerio Fiscal, el 80 por ciento de la producción de Granada se exporta a países de Europa, "hasta el punto de que su origen granadino constituye una denominación de origen en estos países". Más datos que constatan el impacto recogidos en este documento y que se habían mencionado en esta información. Según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, como apunta la Memoria, "el 25 por ciento de la producción total de marihuana en España se concentra en las provincias de Barcelona y Granada, pudiendo afirmar que el narcotráfico de marihuana se extiende como una mancha verde por la casi totalidad de los municipios de la provincia de Granada". 

16 clanes familiares en la ciudad de Granada

Según la Memoria fiscal, en las provincias de Almeria y Granada "se ha disparado la incoación de los procedimientos por este tipo de delincuencia", fundamentalmente a través de la modalidad de cultivo indoor -el que se hace en el interior de inmuebles-. El fiscal delegado de Granada advierte de que "la situación es muy grave, siendo el distrito administrativo Norte de Granada, uno de los barrios más deteriorados de la capital el que merece una especial mención; en él se asientan unos 16 clanes familiares dedicados al cultivo de esta droga, donde disfrutan de su espacio de confort, ejerciendo la intimidación sobre los vecinos para extender su territorio y ocultar su actividad, con un control absoluto de los movimientos policiales y defensa frente a otras organizaciones".

Este fenómeno "dificulta enormemente que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan atajar esta delincuencia fuertemente asentada y con numerosas personas integradas en los clanes, pues, siguen manteniendo la actividad delictiva, aún a pesar de las detenciones de muchos de sus integrantes".

Recuerda que "las administraciones han reaccionado instaurando un Plan de Seguridad del Distrito Norte desde 2017 con muy buenos resultados. En 2021 se han llevado a cabo 137 operaciones policiales, 7 más que en 2020; 32.124 plantas incautadas, frente a las 21.066 del año 2020; 103 detenidos, frente a los 71 del 2020; 229 investigados por defraudación de fluido, frente a los 130 de 2021; 2.450 kilos, frente a los 2041 del 2020. En los 2.231 apoyos a Endesa realizados por los agentes de la Policía Nacional, 753 viviendas contaban con contrato y 1.478 carecían del mismo".

La droga incautada supone unas pérdidas de 1.500 millones de euros en Andalucía, lo que da una idea del impacto económico de la actividad

"Todas esas incautaciones solo pueden ser la punta del Iceberg, si tenemos en cuenta que a pesar de ser desposeídos de todos sus bienes conocidos y de cantidades ingentes de droga, a lo que hay que sumar las detenciones y privaciones de libertad tanto preventivas como derivadas de condenas firmes, los traficantes mantienen su actividad sin pausa y son capaces de pagar fianzas elevadísimas a pesar de haberse intervenidos todos sus bienes conocidos".

Todos estos datos se refieren, como ya se ha indicado, al cultivo de marihuana indoor. Pero, como ya informó El Independiente de Granada, en una entrevista con la fiscal especial Antidroga de Andalucía, Ana Villagómez, el cultivo extensivo se está convirtiendo también en un problema. 

Alerta de la "falsa idea" de la legalidad de plantaciones de cultivo extensivo

"Como consecuencia del aumento de este tipo de cultivos en todo el territorio de Andalucía, ante la falta de información de los agricultores sobre la legalidad de las plantaciones y para unificar criterios entre los Fiscales Delegados, la Fiscal que suscribe, como Coordinadora de Andalucía y tras reunión mantenida entre todos ellos, elevó una consulta al Fiscal Jefe Antidroga de la Audiencia Nacional, para aclarar si aquellas plantaciones cuyo porcentaje de THC era inferior al 0,2% se consideraban o no delictivas, pues se había creado, por sectores con fuertes intereses comerciales en esta actividad, la falsa idea de que estarían amparadas por la legalidad cualquiera que fuese la finalidad de aquellas y las partes de las plantas que se extrajesen".

El Fiscal jefe Antidroga dictó una instrucción interna sobre el tratamiento de estas plantaciones, que coincide con las conclusiones que ya se expusieron en la memoria del año pasado -recuerda ahora la Fiscalía- y así "una plantación de tipo industrial solo puede ser legal si tiene como finalidad la extracción de fibras o semillas de las plantas, pudiendo constituir un delito contra la salud pública la extracción de los cogollos o el CBD, independientemente de su contenido en THC". Se complementa todo esto con un documento de la Junta de Andalucía que, según la Fiscalía, "establece las pautas para el auto chequeo de los agricultores. Concluye esta instrucción señalando que, según la Convención única de las Naciones Unidas de 1961 sobre estupefacientes, las sumidades floridas (conocidas comúnmente como cogollos), tienen la consideración de estupefacientes, estando incluido el cannabis en la lista I del Convenio, independientemente de la concentración de THC que tengan".

Sobre este asunto, apunta el documento, "desde el área de Sanidad de Andalucía, alertan del aumento de este tipo de cultivos en todas las provincias andaluzas, y la falta de celeridad en la autorización para la destrucción del decomiso, por los jueces de instrucción, probablemente por las dudas que les surgen sobre su legalidad". De esta forma, "las plantas quedan en la propia plantación a la espera de ser cosechadas y destruidas, pero la tardanza en la autorización ha dado lugar, en muchas de las ocasiones a los robos de la sustancia en la plantación, tras quedar precintada por las fuerzas de seguridad".

Se ha creado un lobby de intereses económicos en torno a las plantaciones extensivas para la extracción de fibras o semillas que traspasan la legalidad, señala la Fiscalía

"Las dudas a las que hacemos referencia -lamenta la Fiscalía- son fomentadas por los propios abogados de los investigados, que insisten en la legalidad del negocio y en las inversiones millonarias que sus defendidos han hecho en plantaciones de grandes extensiones, advirtiendo de las graves pérdidas que sufrirían si se destruye la plantación y tergiversando la normativa nacional e internacional".

Advierte la Fiscalía de que "se ha creado un lobby, de ámbito global, de intereses económicos en torno a este negocio que se está encargando de confundir a la opinión pública e incluso a los propios agricultores sobre las bondades del cultivo y si inocuidad y legalidad, proliferando los negocios relacionados con el CBD con venta de productos derivados de la planta de cannabis con publicidad de supuestos beneficios para la salud y que no son sino sustancias fiscalizadas como drogas por las Naciones Unidas que incumplen la normativa de estupefacientes y sanitaria". Desde Sanidad consideran, añade, que "para evitar que este problema se convierta en irresoluble debe de haber una mayor implicación de las administraciones, con una regulación más precias y un mayor rigor en la transmisión de información, especialmente en los medios de comunicación".

El hachís, principal droga que se introduce por Andalucía