Jesús García Calderón en el inicio del año judicial de 2015. miguel rodríguez

"La lucha contra la corrupción en sus distintas modalidades (política, financiera, administrativa...) sigue provocando una intensa preocupación social" y todas las fiscalías andaluzas vienen desarrollando "una extensa y compleja labor" en distintas fases del proceso para combatirla. 

Así se recoge en la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de Andalucía correspondiente a 2016 -que recoge los datos del ejercicio anterior-, un documento que ha consultado El Independiente de Granada y que refleja que la lucha contra la corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones del Ministerio Público. 

Para afrontar esa lucha con mayor éxito, dada la cada vez mayor complejidad de los delitos, propone el fiscal superior la creación de equipos multidisciplinares que estén integrados por unidades policiales, funcionarios dependientes de los órganos de fiscalización y control del Estado y fiscales especializados, con el objetivo de que se "coordinen desde el comienzo" del trabajo. Todo ello con el objetivo de combatir una "lacra social" que la Fiscalía ve "incompatible" con una sociedad democrática avanzada como la andaluza y española.

Abunda en la memoria en una idea que el propio fiscal superior, Jesús García Calderón, trasladó al Parlamento esta misma semana en la presentación de la memoria, la necesidad de que los fiscales asuman la instrucción, así como "la articulación de una verdadera Policía Judicial bajo la dependencia de los órganos jurisdiccionales y del Ministerio Público". 

Asumir la instrucción porque, 'pese a las reformas, el sistema sigue siendo en parte ineficaz y arcaico"

Por qué cree necesario que se traslade "de una vez por todas" la instrucción al Ministerio Público. Lo explica indicando que de una lectura pormenorizada y atenta de las distintas memorias de las fiscalías andaluzas se pone de manifiesto "un firme compromiso institucional y personal en la lucha contra cualquier forma de corrupción en términos proporcionados pero inflexibles", que "apenas genera discrepancia profesional y fortalece el principio de unidad de actuación". Pero también, y así lo destaca, se aprecian "las dificultades que produce un sistema procesal que, pese a las reformas operadas en el último año, sigue siendo en parte ineficaz y arcaico" y por ello apunta esas propuestas referidas a la instrucción, a la Policía Judicial y a los equipos multidisciplinares. 

Y en otro punto de sus reflexiones en este sentido, referidas al ámbito penal, relaciona la necesidad de trasladar la instrucción -"muchas veces especializada y siempre coordinada con otras instituciones del Estado"- con los problemas derivados del cumplimiento de los nuevos plazos recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Resalta en este sentido las "dificultades" para ajustarse a esos plazos y la obligación de elaborar informes oficiales "con mayor prontitud" en asuntos relacionados con la siniestralidad laboral, delitos económicos, corrupción política y financiera. "El desarrollo de conocidos macroprocesos en nuestra Comunidad Autónoma incrementa la urgencia de este cambio trascendental de nuestro sistema de justicia penal".

La memoria de la Fiscalía refleja "estabilidad" en la evolución de la criminalidad con "una tendencia a la baja", que ya se había apreciado en ejercicios anteriores. No obstante, desde el Ministerio Público se incide en que su trabajo es cada vez "más complejo", y que siguen faltando recursos. No llega la esperada Oficina Fiscal y, aún siendo "plenamente consciente de "las limitaciones presupuestarias", en la memoria el fiscal superior llega a calificar de "desalentadoras" las últimas reuniones para abordar esas cuestiones.

El caso de las audiguías de la Alhambra, entre los delitos económicos de mayor complejidad  

En el apartado dedicado a los delitos económicos, el fiscal superior pone el acento en su complejidad y en la falta de recursos con las que a veces se afrontan.

En Granada, que junto a Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla tienen constituidas secciones especializadas, una sola fiscal asume el despacho de estos asuntos. Por ello reclama la necesidad de ampliarla.  

"Se ha mantenido una estrecha colaboración con la Abogacía del Estado, la Agencia Tributaria, Policía Judicial especializada, Vigilancia Aduanera, etcétera.…tanto en causas de especial trascendencia como en asuntos puntuales en determinadas materias, manteniendo reuniones periódicas para la resolución o aclaración de informes presentados o causas judiciales abiertas e incluso conformidades", expone el documento, que especifica que se ha producido una disminución importante en delitos contra la Hacienda Pública y que se han presentado dos denuncias en materia de fraude a la Seguridad Social.

Pero la investigación que destaca en esta materia es la relacionada con el caso de las audioguías de la Alhambra, que califica de "relevante".

Las diligencias se abrieron a raíz de "las anomalías" observadas por la Agencia Tributaria en una inspección en Sevilla a una mercantil en la que se constató que la empresa había realizado "ingresos opacos" derivados de las contrataciones efectuadas con el Patronato de la Alhambra y Generalife. Se trata de las contrataciones de la anterior adjudicataria del servicio de audioguías.  

"A raíz de la comunicación de la AEAT se pudo detectar la comisión de graves delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales imputables a los órganos rectores del Patronato y que motivaron la presentación de la correspondiente querella", recuerda la Fiscalía.

El caso, ahora en fase de instrucción en el Juzgado número 4 de Granada, provocó la renovación de la cúpula directiva del monumento. 

Sin alusión específica a las actuaciones que propiciaron la Operación Nazarí

La memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía reseña que se produjeron casos de "singular relevancia" contra el medio ambiente, como el caso de las aguas residuales procedentes de la Prisión de Albolote, y también indica que siguen produciéndose denuncias por delitos contra la ordenación del territorio por construcciones en suelo no urbanizable común.

No hace mención alguna a las actuaciones específicas que después han dado origen al caso Nazarí, en concreto la denuncia que presentó la Fiscalía el pasado verano por la operación del Pabellón Mulhacén. Pero entre sus reflexiones recoge la siguiente: "También se tramitan un número significativo de diligencias y procedimientos por prevaricación urbanística y otros delitos vinculados a éste como cohecho, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias". 

En cuanto a los delitos contra la Administración pública, en Granada la Fiscalía Provincial señala que han sido tramitadas, un número "elevado" de diligencias de investigación penal por denuncias presentadas por supuestas contrataciones irregulares de funcionarios o empleados públicos. Estas actuaciones han sido en su mayoría archivadas, en especial -detalla la memoria- en supuestos en los que la actuación irregular puede ser solventada en la vía contencioso administrativa. Sin embargo, apunta, "han sido interpuestas algunas denuncias por delitos de prevaricación al haber sido tramitadas los expedientes en los Ayuntamientos, sin acreditar la excepcionalidad de la contratación para cubrir las necesidades urgentes e inaplazables que pudieran afectar al funcionamiento de los servicios públicos esenciales con ausencia de todo tipo de procedimiento y sin cumplir los principios de igualdad y publicidad que deben presidir toda contratación pública y ello con el informe desfavorable de los técnicos municipales".

El 'logro' de las cámaras de videovigilancia en el Albaicín

El fiscal superior recuerda las actuaciones emprendidas, a través de la Unidad Adscrita de Policía Judicial, desde 2009 para combatir las pintadas en el patrimonio, especialmente en los Bienes de Interés Cultural. Acumulan desde entonces una base de datos con 3.000 fotografías y registros para esclarecer estos hechos delictivos. Se hacen visitas periódicas. Respecto al ejercicio anterior, la memoria no refleja diferencias significativas, aunque indica que se ha reducido "el impacto visual".

Pintadas en el Arco de las Pesas. p.v.m.

Lo que sí refiere son las cámaras que autorizó instalar la comisión de videovigilancia, de la que forma parte el fiscal superior. Esta Unidad de Policía Judicial, "con su informe realizado al efecto, logró el impulso para que la Comisión de Garantías de Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) diera el visto bueno al proyecto presentado por el Ayuntamiento de Granada para instalar seis cámaras en cinco puntos estratégicos del Albaicín, barrio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y especialmente azotado por la huella de los grafitis. En una reunión de apenas 25 minutos, los integrantes de la comisión, entre ellos el propio presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, dieron todas las bendiciones a la propuesta municipal con la que se pretende poner freno al vandalismo", destaca la memoria.

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