La entidad extranjera a la que el PP cedió la Casa Ágreda, la llamada Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE), no solo encontró el rechazo de la mayoría de grupos municipales y de colectivos ciudadanos, también se ha enfrentado a las reticencias del Registro de la Propiedad que se negó a inscribir el acuerdo en los términos alcanzados entre el anterior gobierno local y la entidad.  

Las discrepancias han sido objeto de recurso que ha resuelto ahora el Ministerio de Justicia en una resolución, consultada por El Independiente de Granada y contra la que cabe recurrir a través de una demanda en el Juzgado de lo Civil.

Tras varios meses en los que fue reclamando documentación y datos que no figuraban en la escritura -que fueron aportados a través, entre otros, de informes de técnicos del área de Urbanismo-, el Registro de la Propiedad número 1 de Granada solo accedió a inscribir la cesión del derecho de superficie, negando la opción de compra. 

Los argumentos que esgrimió el registrador para su negativa a inscribir la opción a compra:

• El derecho de opción de compra excede su plazo de ejercicio de los 4 años previstos en el Reglamento Hipotecario, quedando además "indeterminado" el momento de inicio del plazo, al señalar únicamente "la finalización de las obras de rehabilitación pero sin concretar".
• El derecho de opción de compra supone "una desnaturalización" del derecho de superficie, al privar al mismo de una de sus características esenciales como es la reversión. Es decir, ya no volvería al Ayuntamiento transcurrido el plazo establecido para usar el inmueble. 
• El derecho de opción de compra "podría implicar la enajenación del patrimonio de una entidad local, sin sujeción estricta a la normativa reguladora de tales enajenaciones", citando entre otra la Ley y Reglamento de las Entidades Locales de Andalucía. 

De esta forma, en enero de este año la Casa Ágreda quedó inscrita parcialmente a favor de AIDE que pese a aceptarlo y autorizar para ello al registrador, recurrió no obstante la decisión ante la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia. 

Rechazó la entidad que pudiera hablarse de desnaturalización. "Es evidente que ejercer el derecho a compra comporta la extinción del derecho de superficie, pero si no se ejerce, aquel subsiste", apuntó la federación, que cuestionó las afirmaciones utilizadas por el registrador porque a su juicio producían "confusión sobre la legalidad" de una actuación administrativa que fue "un procedimiento público y reglado".

Y censuró igualmente que utilizara "más apreciaciones subjetivas", en este caso asegurando que "podría suponer enajenación sin sujeción estricta a la normativa". A juicio de los representantes legales de AIDE, "incluir tal aseveración empleando un tiempo verbal condicional hipotético en una calificación, con una remisión genérica a la normativa reguladora sin especificar los artículos vulnerados excede, al igual que antes, de la función calificadora" del registrador.  La falta de concreción de esos artículos vulnerados "genera indefensión a esta parte, que no puede defenderse adecuadamente de afirmaciones genéricas y puramente hipotéticas: se vulnera o no se vulnera la ley, pero no podría vulnerarse". 

En este sentido consideró la organización que el registrador vertía "dudas" sobre la legalidad de los actos a los que se accedería en el futuro, cuando se ejercitara la opción de compra, y precalificarlo antes de que se produjera era "inadmisible" y causaba a la entidad "graves perjuicios económicos", recordando la inversión cercana a los 5 millones que iba a invertir sobre el edificio, que se ponía de esta manera "en riesgo" al cuestionar esa opción. 

El Ministerio de Justicia solo ha estimado en parte el recurso. Comparte con AIDE que la opción de compra no desnaturaliza la cesión del inmueble, pero no admite que se rechace que la posible compra puede vulnerar la normativa sobre enajenaciones. 

El gobierno local sigue adelante con el expediente

Sin haber resuelto que el inmueble estuviera inscrito según el acuerdo cerrado con el PP, la Federación de Agencias Internacionales afronta ahora la decisión del nuevo gobierno local de recuperar la Casa Ágreda. El expediente ya fue aprobado en Junta de Gobierno y sigue su curso. En este momento es plazo de recibir y estudiar las alegaciones de la entidad. Sean las que sean, el equipo de gobierno adoptó una decisión firme.