En primer lugar, según ha explicado Entrena, han abordado la situación de exclusión financiera en la que se están viendo inmersos municipios de la provincia donde se están cerrando oficinas de entidades bancarias, “dejándolos en situación de aislamiento económico y originando un perjuicio para sus vecinos”. 

 

En este sentido, Maeztu ha recordado que la de Granada es la primera Diputación que se ha dirigido a Defensor del Pueblo Andaluz, para defender los derechos de los ciudadanos en torno a esta cuestión. “No queremos pueblos cerrados y no podemos contemplar que 35 pueblos se vayan cerrando sin hacer nada, porque ahí hay historia, hay naturaleza, hay turismo...”, ha subrayado.

 

 

El Defensor ha señalado la necesidad de “acompasar la ineludible modernización en la gestión con los derechos de los ciudadanos, porque hay una brecha digital importante y no puede haber una exclusión”. 

 

Maeztu también se ha comprometido a trabajar en la búsqueda de soluciones a los cortes de suministro que están sufriendo algunos municipios de la provincia y de la capital granadina. Ha señalado que puede deberse a múltiples razones, y que entra en juego la pobreza severa y la exclusión social. “Hay que clarificar el origen de la ilegalidad, y darle respuesta”, ha explicado. “Así se eliminaría un buen porcentaje de enganches ilegales”.

 

Por último, Entrena le ha trasladado también su preocupación por la situación de los tres municipios que han quedado fuera del Plan de Fomento del Empleo Agrario -Otura, Rubite y Albuñol- y le ha solicitado que desde el Gobierno se articulen los mecanismos necesarios para que los 188 trabajadores y trabajadoras afectados accedan al plan de empleo agrario con normalidad o que se autorice que la institución provincial intervenga para asistirlos económicamente.