La Oficina de Intermediación Hipotecaria de la Diputación ha enviado al Colegio de Abogados de Granada, desde su puesta en marcha en marzo de 2012 hasta el 29 de junio de este año, un total de 542 expedientes de familias que han podido conservar su vivienda o tener una alternativa de residencia evitando las consecuencias de las ejecuciones hipotecarias a las que se enfrentaban.

En total se han recibido 556 expedientes, 1.956 llamadas y se ha  atendido 930 visitas aunque cabe señalar que, desde septiembre de 2012 no están contabilizados los expedientes de la Costa que se tramitan directamente en Motril en virtud  del acuerdo con el Colegio de Abogados de la ciudad, que ha recibido un total de 130 casos.

Son los principales datos aportados este miércoles por el diputado provincial de Asistencia a Municipios en funciones, José Antonio González Alcalá, quien ha agradecido el trabajo de los letrados del Colegio de Abogados de Granada en la resolución de estos expedientes.

"No solamente han abordado el problema con la gran profesionalidad que les caracteriza sino que han sido sensibles y cómplices con cada una de las situaciones que les ha presentado la Diputación", ha indicado González Alcalá.

Desde el 23 de abril al 31 de diciembre de 2012 se recibieron 235 expedientes, mientras que en 2013 llegaron 248 expedientes, en 2014, 57 expedientes y en la primera mitad de 2015, 16 expedientes, unas cifras que contrastan con la evolución de las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos dictados por los juzgados, que, si bien bajaron muy levemente en 2014, han aumentado notablemente en el primer trimestre de este año.

Oficinas en nueve localidades

En cada uno de estos ejercicios la Institución provincial ha invertido alrededor de 25.000 euros que, en palabras del diputado en funciones, ha ido acompañado por "la extraordinaria labor que se ha hecho" desde las oficinas ubicadas en Granada, Albolote, Alhama de Granada, Armilla, Guadix, Loja, Monachil, Motril y Ogíjares.

Para el equipo de Gobierno este mandato "la Diputación tenía que acudir a las necesidades más básicas de los ciudadanos", ha reseñado González Alcalá, por lo que, en consonancia con las demandas que planteaban alcaldes y vecinos, la oficina dependiente del área de  Asistencia a Municipios se diseñó para ayudar a personas, familias o unidades de convivencia empadronadas en la provincia, propietarios habituales en cualquiera de sus municipios, que pudieran verse afectadas por situaciones de riesgo residencial y que pudieran derivar en ejecuciones hipotecarias.

Los objetivos de la oficina son informar a las personas y familias sobre la posibilidad de abordar las dificultades de pago de la hipoteca de su vivienda habitual; asesorar de forma personalizada sobre los procedimientos concretos que hay que realizar antes de o justo al inicio de la situación de impago; encontrar soluciones acordadas entre el  deudor y la entidad bancaria para aquellas situaciones que tienen perspectiva de mejora o que, con determinados cambios en la relación, pueden conseguir soluciones efectivas que  no deriven en una ejecución hipotecaria; y utilizar los mecanismos de intermediación  residencial para aquellas situaciones vinculadas a posibles ejecuciones hipotecarias.

Desde el inicio del funcionamiento de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, la Diputación ha recibido llamadas de distintas provincias y municipios interesándose por el convenio firmado y solicitando copia del mismo para poder llevar a cabo las mismas actuaciones en sus municipios.