Los desahucios siguen creciendo en Granada, con un 38% más de casos
Los desahucios siguen creciendo en Granada. Familias o empresas que pierden sus casas o locales por no poder pagar la hipoteca o el alquiler. Así lo dicen los datos sobre lanzamientos practicados por los juzgados granadinos que ofrece el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ). Mientras en España los desahucios han crecido solo un 1%, en Granada han aumentado un 38%. En las últimas semanas varios ayuntamientos del área metropolitana han declarado sus municipios libres de desahucios y están actuando de intermediarios con las entidades financieras para evitar que sus vecinos pierdan su vivienda o facilitándoles un hogar alternativo.
En la primera mitad de este año año los jueces ejecutaron 731 lanzamientos en la provincia, mientras que en el mismo periodo de 2014 fueron 530. Supone un 38% más de casos este año. Nada que ver con lo que ocurre en el conjunto del país, donde la cifra de lanzamientos está prácticamente estabilizada respecto al año pasado, ya que solo han aumentado un 1%, según la estadística judicial.
Los lanzamientos son órdenes de desalojo dictadas por los jueces, el último paso después de un largo proceso que empieza cuando se deja de pagar la hipoteca o el alquiler. Se negocia -o no- la deuda, se sigue sin poder pagar y la entidad financiera o el propietario lleva el caso el juzgado, para que el juez inicie el procedimiento ejecución hipotecaria (también conocido como embargo). No todas las ejecuciones hipotecarias acaban en desalojo, porque puede haber una renegociación o acuerdo entre acreedor y deudor, pero si finalmente no se consigue, el juez practica el lanzamiento.
El CGPJ advierte de que los lanzamientos incluyen no solo vviendas, sino también otro tipo de inmuebles, y entre los domicilios no solo a la vivienda habitual, pero es el dato judicial que más se aproxima a lo que popularmente se conoce como desahucios.
De los 731 desalojos ejecutados en la provincia de Granada, 411 fueron como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria, es decir, por no pagar las cuotas de la hipoteca, y 275 por procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, esto es, por no pagar el alquiler, mientras que 45 se debieron a otras causas que el Poder Judicial no especifica.
Los lanzamientos se habían frenado en 2014, año en que incluso se prudjo un leve descenso de desalojos (1.147 por 1.167 de 2013), pero en 2015 han vuelto a subir con fuerza, y si la tendencia de la primera mitad del año continúa hasta final de 2015, el año se podría cerrar con más de 1.400 lanzamientos.
Una crisis más dura en Granada
El incremento de desahucios en Granada, frente a lo que sucede en el total del país, indica que Granada está sufriendo aún con crudez los efectos de la crisis, con un nivel de paro muy por encima de la media. Los desalojos de ahora se corresponden con impagos iniciados ya hace tiempo, pues desde que se producen los primeros impagos hasta que se inicia el procedimiento de embargo y el posterior desalojo pueden pasar años, pero demuestran que las medidas que tomó el Gobierno central en 2013 para proteger a los deudores hipotecarios y la mayor disponibilidad negociadora de las entidades financieras no están evitando que los casos sigan creciendo.
Incluso los esfuerzos de las administraciones por ayudar a los afectados por las hipotecas, con servicios de mediación y asesoramiento como los que tiene la Junta de Andalucía, la Diputación con el Colegio de Abogados o el propio Ayuntamiento de la capital a través del Defensor del Ciudadano, no han logrado evitar que aumenten los desalojos.
En las últimas semanas varios ayuntamientos del área metropolitana, tras las elecciones municipales que cambiaron el signo del gobierno en muchos casos, con la entrada o mayor presencia de partidos de izquierda en las corporaciones, se han declarado municipios libres de desahucios, una fórmula que inició en 2012 el Consistorio de Peligros, para intentar frenar los desalojos en sus ciudades o, en su caso, facilitar a las familias que pierdan sus viviendas un hogar alternativo mediante alquileres sociales, aprovechando pisos y casas vacías de esas localidades.
Atarfe se convirtió en municipo libre de desahucios a finales de julio. Armilla hizo lo propio a mitad de septiembre. Le siguió La Zubia a primeros de octubre y otros ayuntamientos como los de Albolote o Vegas del Genil tienen el compromiso de sus gobiernos de hacer lo mismo en el primer año de mandato.
Medidas municipales
¿Qué significa que un municipio se declare libre de desahucios? En primer lugar, crear servicios de asesoramiento y apoyo a familias con problemas para pagar la hipoteca o inmersas en un procedimiento de ejecución hipotecaria. También constituir oficinas o agencias de vivienda para localizar pisos o casas vacías en la localidad y formar un parque de vivienda que ofrecer a las familias que sean desalojadas de sus casas a través de alquileres sociales.
En algunos casos, como en Atarfe, donde gobierna Por Atarfe Sí, el gobierno local llega incluso a mediar en los casos de desalojo, tal y como hace Stop Desahucios 15M, y ya ha conseguido aplazar algún desahucio, como ocurrió a finales de septiembre, cuando la concejal de Vivienda y Bienestar Social, Rosa Félix, intervino para evitar que una pareja fuera desalojada de su casa ese mismo día. En otros, como Armilla, se recoge que la Policía Local no prestará servicio en los desahucios que se lleven a cabo en la localidad.
Reciente concentración de Stop Desahucios en Gran Vía, frente a Cajamar. S. D.
Esas medidas están en línea con las que está pidiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a los ayuntamientos en una campaña que está llevando a nivel nacional y que en Granada está promoviendo en las últimas semanas el grupo Stop Desahucios Granada 15M.
Su intención es que se elabore una nueva Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda. Y entre las medidas que están solicitando a los ayuntamientos y a los partidos políticos para que las incluyan en sus programas electorales para las próximas elecciones generales están las siguientes:
- Parque público municipal de vivienda.
- Listado de viviendas vacías de entidades financieras, e intervención municipal para que esas viviendas se pongan a disposición de las familias trabajadoras sin vivienda.
- Denuncia pública de las entidades cuyas prácticas lleven a familias a perder su vivienda.
- Intervención e información ante los desahucios. Declaración de municipio libre de desahucios.
- Impedir los cortes de suministros básicos: agua, luz, gas, a aquellas familias que no puedan pagar.
