El Defensor del Pueblo Andaluz actúa de oficio para conocer la situación de la población gitana en la provincia de Granada
El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una actuación de oficio, que en la provincia de Granada se dirige a los ayuntamientos de la capital, Baza, Guadix, Jun, Loja y Motril y a la Diputación, para conocer situación en la que se encuentra la población gitana y las actuaciones que se han impulsado para "salvaguardar sus derechos y favorecer la inclusión en la sociedad a la que pertenecen".
El Defensor solicita información muy precisa a estas instituciones y pide conocer:
- Actuaciones relacionadas con la mejora del alojamiento de la población gitana, especialmente en lo relativo a la edificación de edificios de propiedad municipal en zonas con necesidad de transformación social para facilitar el alquiler de los mismos".
- Actuaciones encaminadas a reducir la desigualdad en materia de salud, con especial atención a las realizadas con el objetivo de garantizar la vacunación infantil de la población gitana, así como concienciar a la misma de la importancia de llevar una vida saludable.
- Actuaciones que fomenten la prevención de la violencia de género en la población gitana, destacando las actividades formativas que se hayan realizado al respecto.
- Actuaciones de mejora del acceso de la población gitana a los recursos, bienes y servicios sociales, destacando las campañas informativas, así como acciones formativas que se hayan realizado.
- Actuaciones encaminadas a garantizar la igualdad de trato y la no discriminación, indicando, en su caso, las entidades colaboradoras y los ámbitos de implementación.
- Actuaciones de coordinación y colaboración entre administraciones y/o entidades del tercer sector.
- Cualquier otra actuación que considere de interés en relación a esta actuación de oficio.
Recuerda la institución que dirige Jesús Maeztu su experiencia trabajando en los derechos de la ciudadanía, cuarenta años de su constitución, y radiografiando la desigualdad y las situaciones de exclusión severa. Y tras citar específicamente el V Observatorio de la Desigualdad de Andalucía y el Informe FOESA de 2022, resalta que la población gitana se encuentra incluida en los grupos de personas que presentan "mayores indicadores de vulnerabilidad", concurriendo "varios factores que propician situaciones de exclusión que en ocasiones podemos considerar alarmantes".
En este punto recurre a datos aportados por la Fundación Secretariado Gitano, ara indicar que "se trata de una población demográficamente muy joven, lo que hoy en nuestra sociedad significa un estatus socioeconómico muy vulnerable, con una situación laboral caracterizada por una baja inclusión laboral, por una baja tasa de empleo, por altas tasas de paro, y por condiciones laborales de gran precariedad y débil protección. La mayor parte de la población gitana sufre una fuerte desigualdad y desprotección en el acceso a derechos económicos y sociales, afectando la pobreza y la exclusión a más del 80% de la población gitana".
"El nivel educativo es, con diferencia, el principal determinante para el empleo y, por tanto, de la desigualdad socioeconómica de la población gitana. Tan solo el 17% de la población gitana mayor de 16 años tiene completados estudios de ESO o superiores, frente al casi el 80 por ciento de la población general", expone el Defensor
Refiere también que "el nivel educativo es, con diferencia, el principal determinante para el empleo y, por tanto, de la desigualdad socioeconómica de la población gitana. Tan solo el 17 por ciento de la población gitana mayor de 16 años tiene completados estudios de ESO o superiores, frente al casi el 80 por ciento de la población general. La situación de las mujeres gitanas es muy desigual y peor a la de los hombres gitanos, y peor a la de las mujeres no gitanas. La brecha de desigualdad afecta a todos los ámbitos: en la situación laboral, en los niveles educativos, en las responsabilidades familiares e incluso en las bajas expectativas y pocas posibilidades de proyección y promoción. La incorporación al mercado de trabajo está altamente determinada por factores sociales y sociodemográficos, pero también por la discriminación y otros factores culturales".
El Defensor recuerda que "más del 40 por ciento de la población gitana en España reside en Andalucía"
Precisamente por esos datos, expone en la argumentación de la actuación de oficio, disitintos organismos locales, autonómicos, nacionales y supranacionales han adoptado medidas para "proteger los intereses de esta población, mejorar sus condiciones de vida, así como facilitar su inclusión". Cita desde la Constitución y el Estatuto de Autonomía a una resolución del Parlamento Europeo o estrategias para el derecho a la vivienda, de Servicios Sociales y el Plan Integral Andaluz para la Inclusión de la Comunidad Gitana 2017-2020, documento que ya se ha evaluado y a partir del que se ha aprobado, este año, un segundo plan. Este último plantea como objetivo "avanzar en las políticas implementadas, impulsar la igualdad de género y prevenir la violencia de género y prevenir las conductas antigitanas y actuar con determinación y coordinadamente ante presuntos delitos de odio, así como propiciar la participación social de la comunidad gitana y poner en valor los elementos que conforman su cultura.
Con toda esta argumentación y exposición de motivos, se dirige a los ayuntamientos citados y la Diputación "teniendo en cuenta el papel fundamental de las entidades locales como prestadoras de los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad que reside en su municipio y la presencia de un buen número de familias pertenecientes al Pueblo Gitano", para "conocer las actuaciones que se han implementado para salvaguardar los derechos de este colectivo, y favorecer la inclusión en la sociedad en la que pertenecen".
