El Defensor de la Ciudadanía de Granada pide a la Junta que paralice el desahucio de Nati y de su hija de 12 años
El pasado miércoles, gracias a la presión ciudadana liderada por Stop Desahucio 15M y otras asociaciones y partidos, se logró paralizar el desahucio judicial requerido por la Junta de Andalucía. Pero el juez ha vuelto a ordenar el desahucio. En su movilización, el pasado viernes se reunieron con el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y el Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín García, quien se comprometió a mediar y hacer una declaración institucional en apoyo de Nati y de su hija de 12 años.
Las movilizaciones para detener el desahucio continúan, hoy en redes sociales y mañana ante la sede de la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta.
Este es el comunicado íntegro del Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín García, que, por su importancia, reproducimos en su integridad:
"Manuel Martín García, Defensor de la Ciudadanía de Granada solicita a la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía que paralice el desalojo de Natividad Ibañez y se le ofrezca una alternativa habitacional real, digna, efectiva y con garantías.
Manuel Martín, se reunió con la afectada y la plataforma Stop Desahucios y conoce todas y cada una de las circunstancias complejas en que se encuentran tanto Natividad como su hija, por ello exige que no se vulneren los Derechos Humanos y se garantice el derecho a una vivienda: los poderes públicos deben velar para que no se vulnere el derecho básico a la vivienda, cumpliendo tanto el marco jurídico estatal, como los diversos tratados internacionales que han sido ratificados por el Estado Español.
Manuel Martín García, Defensor de la Ciudadanía de Granada.
Mientras existan familias sin vivienda, se vulnera el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;…”; el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, donde dice que el estado está obligado a hacer todo lo posible por impedir los desalojos forzados por motivos económicos. Y que en caso de no evitarlos, debe velar para que se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno y adecuado para las familias. España firmó y ratificó este pacto, por lo que está obligada a respetarlo; además se vulnera el artículo 47 de la Constitución Española, que dice literalmente: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación. La comunidad participara en las plusvalías que genere la acción urbanística.” Como ocurre en otras muchas ocasiones, la realidad no tiene nada que ver con lo que está escrito tanto en la Constitución, como en otras normativas jurídicas.
El déficit de viviendas para los más desfavorecidos es permanente y las familias afectadas realizan gran cantidad de gestiones todas ellas infructuosas. No hay viviendas disponibles para atender las necesidades de las familias que viven en situaciones críticas, y lo más grave es que a pesar de esta falta de viviendas, las entidades bancarias disponen de gran cantidad de viviendas que permanecen desocupadas.
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