Hace un mes nos concentrábamos en la Plaza del Carmen de Granada en un acto de apoyo a Helena Maleno. La activista andaluza de Caminando Fronteras tenía que declarar en un juzgado de Tánger por colaboración en redes de trata de personas. Dentro de un mes, a primeros de mayo, tres bomberos sevillanos de la organización Proem-Aid serán juzgados en Grecia por un presunto delito de tráfico de personas. Y en tercer lugar, el más actual y mediático de los casos, es la organización Proactiva Open Arms. El pasado domingo 18 de marzo un fiscal de Catania (Italia) ordenó la inmovilización del buque que la organización utiliza en el rescate de personas en el Mediterráneo. Se le acusa de un posible delito de promoción de la migración ilegal y pertenencia a organización criminal. Los tripulantes se enfrentan a penas de entre cuatro y siete años de prisión.

¿El común denominador de los tres casos? Intentar salvar vidas, como manda el derecho marítimo internacional. Lo hacen las ONG porque los Estados europeos cada vez se inhiben más en esta tarea. Miles de personas continúan arriesgando su vida para huir de la violencia en sus países de origen y la respuesta de Europa es extremar el control de fronteras. Lejos de criticar la actuación del fiscal de Catania, la Unión Europea, incluido nuestro país, ha apoyado la medida. 

'Europa busca alejar las fronteras comunitarias y llevarlas donde no haya cámaras y prensa, testigos de la trasgresión de los derechos humanos'

Europa busca alejar las fronteras comunitarias y llevarlas donde no haya cámaras y prensa, testigos de la trasgresión de los derechos humanos. Cada vez es más difícil para las ONG acceder a lugares fronterizos donde se acumulan migrantes y refugiados. En 2016 Europa acordó con Turquía la retención en su suelo de las personas que huían de la violencia en busca de lugares seguros. En 2017 el acuerdo se ha firmado con Libia que, a cambio de sustanciosas sumas de dinero, impide que las ONG accedan a su litoral, impidiendo así socorrer a pequeñas embarcaciones de migrantes a la deriva. 

Estas medidas están incrementando el número de muertos en el Mediterráneo. Más de 3000 en 2017. Casi 500 desaparecidos en lo que va de año, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Frente este drama humanitario, la reacción es criminalizar a los trabajadores humanitarios. Es preocupante el creciente discurso de los gobiernos europeos que presenta la inmigración como un problema de seguridad que justifica políticas migratorias cada vez más restrictivas.

Salvar vidas no es un delito. Salvar vidas es un deber de todo ser humano. Quienes arriesgan la propia vida para rescatar a quienes están en peligro deberían recibir el reconocimiento de toda la sociedad, no la persecución. 

El enjuiciamiento de los bomberos de Sevilla, de Helena Maleno, de Open Arms tiene un claro efecto disuasorio. Criminalizarlos tiene por objeto deslegitimar su labor y desanimar a otros voluntarios a colaborar con ellos. 

Sin embargo hay signos de esperanza. Una ola de solidaridad está arropando a estos activistas. Lejos de intimidarse por las amenazas, se sienten fuertes. Anabel Montes, investigada por la justicia italiana por su trabajo con Open Arms, reconoce que en cuanto pueda "volverá al mar y con más ganas".

Cada vez más personas naufragan en el Mediterráneo. Pero deberíamos preguntarnos si no es Europa la primera que está naufragando como sociedad.