Stop Desahucios 15M Granada ha denunciado que  Emasagra y Endesa  "han cortado los suministros básicos" a una familia monoparental, formada por Marta y sus tres hijos, en Churriana de la Vega, que desde el martes están sin agua ni luz, según indica la plataforma social en un comunicado. Mientras, "las Administraciones públicas, conocedoras de la situación precaria de Marta y de estos menores, miran para otro lado", afirma el colectivo.

La plataforma denuncia la "situación de vulnerabilidad y pobreza energética que están sufriendo multitud de familias en la provincia de Granada".

"Entre estas familias que sufren cortes en los suministros básicos se encuentra la de nuestra compañera Marta, unidad familiar monoparental integrada por tres menores de edad, de 12 años, 9 años y de 6 años respectivamente, que residen en el pueblo de Churriana de la Vega".

Según Stop Desahucios, "el Ayuntamiento de Churriana de la Vega, los servicios sociales competentes y la Diputación de Granada eran conocedores de esta situación". 

"Todos estaban al tanto de que Marta y sus tres hijos se encuentran en riesgo de exclusión social, al estar inmersos en un proceso de desahucio, en vía civil, que todavía no ha concluido. Pese a esta situación de pobreza habitacional y energética, la Administración pública, por lo visto, no tiene nada que decir", se queja Stop Desahucios. 

Proceso de mediación

"No solo no se le ha ofrecido a esta familia una alternativa habitacional asequible para evitar el desahucio. Es que tampoco se le ha permitido regularizar los suministros básicos en esta vivienda en la que residen menores de edad. Así es como el poder político se arrodilla ante el capital, ante quienes acumulan riqueza. Esta es la forma en la que se expulsa a las familias trabajadoras a los márgenes de la sociedad", afirma la plataforma, que pide un proceso de mediación con las compañías de luz y agua. 

"Es necesario que Diputación, Ayuntamiento de Granada y el Ayuntamiento de Churriana de la Vega intervengan en este proceso de mediación con las entidades Emasagra y Endesa", dice Stop Desahucios. 

Para el colectivo, "se tienen que regularizar los suministros básicos mientras esta familia siga ostentando la posesión de la vivienda, situación jurídica que se encuentra plenamente amparada, mucho más en un proceso civil, mientras judicialmente no se decrete lo contrario", explica. 

"Mientras el precio de la luz se dispara hasta en 475 euros extras, experimentando subidas históricas, las empresas privadas que monopolizan la gestión de los suministros básicos se permiten la desvergüenza de cortar la luz y el agua a las familias trabajadoras. No les importa si es invierno y hace frío. Les da igual que haya menores residiendo en la vivienda. Su beneficio económico criminal se sustenta en las espaldas de las mujeres y hombres trabajadores", afirma Stop Desahucios.

La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 define la pobreza energética como la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía.