Desde 2013, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha clamado en el desierto de los bancos contra las cláusulas suelo y no parece que vaya a encontrar un oasis. La institución se ha dirigido en dos ocasiones a las entidades financieras radicadas en Andalucía instándoles a su eliminación. Para el Defensor, ha quedado demostrado que "la falta de transparencia (de los bancos) fue generalizada" y, por tanto, procede la nulidad de esas cláusulas, que están ahogando a miles de familias.

Esas dos peticiones por parte de la Oficina que dirige Jesús Maeztu se han producido en un contexto, recuerda el Defensor, en teoría favorable para conseguir su retirada: la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulas las estipulaciones que no hubieran cumplido con las exigencias de transparencia, los pronunciamientos judiciales "abrumadoramente" a favor de la nulidad de esas cláusulas y la revisión masiva ordenada en su día por el Banco de España.

Pero lejos de conseguir un gesto, la situación que plasma el informe anual es desoladora. La negativa de bancos y cajas ha provocado la masiva judicialización del problema de las cláusulas suelo, derivando en el colapso de algunos juzgados, como los de lo Mercantil. Un colapso reconocido por la propia Justicia. Así lo recoge el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su memoria anual. Las reclamaciones sobre esta materia se han desbordado. Si sigue el mismo ritmo registrado en 2014, se puede "colapsar" la jurisdicción mercantil, alerta el TSJA.

En su informe anual, lamenta que la vía judicial es lenta y costosa para la ciudadanía

Maeztu dice no entender "la insistencia" de las entidades en recurrir a la vía judicial, con el daño a su reputación y el elevado coste que supone, y pese a la certeza de que el resultado de ese largo itinerario judicial será la nulidad. Y pone el acento, además, en que la vía judicial es una alternativa "compleja, lenta y costosa" para los ciudadanos. 

El Defensor no oculta el escaso interés mostrado por bancos y cajas a sus llamamientos. La petición formulada en 2013 no fue atendida y, salvo casos muy concretos, las cláusulas se mantuvieron. En ese momento tres entidades se dirigieron a la Oficina: Caja Rural de Granada, que reivindicó su "fiel" cumplimiento de la normativa vigente; Caja Rural del Sur, que incidió en que la eliminación genérica provocaría una situación de difícil viabilidad económica, y Caixabank, que defendió su voluntad de agotar la vía judicial. Su petición cayó en saco roto. 

En 2014, la institución vuelve a dirigirse a las entidades, en especial a aquellas de las que recibió quejas específicas. En este segundo oficio, Maeztu apela a la "responsabilidad social" de las entidades y eleva el tono recordándole la "deuda" que tienen contraída con la sociedad por el esfuerzo realizado a través de las arcas públicas para sostener al sistema financiero durante la crisis. Hablando en plata: el dinero público de todos salvó a los bancos; respondan. Tampoco surte efecto.

Según señala el Defensor, a la fecha de la redacción del informe anual solo Caja Rural de Granada había respondido a la institución. [El 9 de febrero, el Defensor se reunió en Granada con responsables de BMN-CajaGranada para abordar la retirada de las cláusulas suelo, reunión de la que informó la institución pero que no está recogida en el informe puesto que la entidad, como bien señala el documento, no había respondido al llamamiento cuando se redactó el mismo.]

Tan poco éxito cosechó esta segunda iniciativa que, a pesar de considerar "no satisfactoria" la respuesta de la caja granadina, Maeztu agradece que al menos le haya contestado y deja constancia en su informe de que la Caja Rural de Granada es  la entidad que "mayor atención" presta a los requerimientos del Defensor. 

La respuesta de la Administración tampoco satisface al Defensor

Si la respuesta de los bancos ha sido desoladora, la de la Administración tampoco ha sido diligente, según lo recogido en el informe. De manera paralela a las actuaciones dirigidas a los bancos, Maeztu intentó activar en 2013 la potestad sancionadora que le corresponde a la Junta de Andalucía. La Secretaría General de Consumo activó una campaña de inspección de créditos hipotecarios que, según los resultados cosechados, fue un fracaso.

Un año después de iniciar esa campaña, la complejidad de la documentación y su volumen había retrasado cualquier actuación. En junio de 2014 ni siquiera se habían iniciado expedientes sancionadores. De hecho el Defensor se plantea activar una queja dirigida a la Administración. De momento se dirigirá a la Junta para conocer los resultados de la campaña de inspección. La institución está convencida de que la vía sancionadora haría recapacitar a los bancos. 

El Banco de España no se libra de responsabilidad en este asunto. Para Maeztu es necesario reforzar su papel. Lo que hace no basta. En ocasiones, argumenta el informe, las entidades financieras simplemente expresan su disconformidad con los informes emitidos por el Banco de España en el sentido de incumplimiento de la normativa o la transparencia exigida, sin más consecuencias. Por ello entiende que sus indicaciones deberían ser vinculantes e incluso recurrir también a los expedientes sancionadores.