El Supremo titubea ahora sobre la sentencia del impuesto de las hipotecas y estudiará si la confirma
El Supremo se vuelve a rectificar. indegranada
Facua está recibiendo "una avalancha" de consultas sobre el impuesto de actos jurídicos documentados de los préstamos hipotecarios tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en la que cambia de criterio y establece que son los bancos y no los usuarios los que tienen que abonarlo. Este dato confirma el impacto del giro que dio este jueves el Supremo en una sentencia de la Sala Tercera (Sección Segunda). Tal ha sido ese impacto que el propio alto tribunal titubea ahora y ha reaccionado convocando de urgencia al pleno de la Sala que dictó la sentencia. El objetivo: decidir si confirma o no ese giro jurisprudencial, que ve "radical".
Según Facua, las consultas llegan a las oficinas territoriales de la organización, a las que están acudiendo numerosos consumidores, a través de las redes sociales y también de su teléfono 688 954 954. Todas esas consultas tienen como objetivo conocer cómo pueden reclamar la devolución del impuesto de las hipotecas. En este sentido, Facua ha recordado que la reclamación debe plantearse a la Hacienda autonómica si el impuesto se abonó hace no más de cuatro años y al banco si se hizo con anterioridad.
A día de hoy, según la organización, casi 25.000 hipotecados se han unido a Facua para asesorarse y defender sus derechos ante los distintos fraudes hipotecarios en los que ha incurrido la banca, fundamentalmente la cláusula suelo y la imposición del pago de gastos de formalización que corresponden a las entidades financieras, como la tasación, la gestoría y el impuesto de actos jurídicos documentados. Para recibir asesoramiento en este sentido, los usuarios pueden inscribirse a través de la web FACUA.org/hipotecastrampa.
Pero la decisión del Supremo ha quedado este viernes en el aire. Según ha informado el presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo, dado que la sentencia supone "un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado y habida cuenta, asimismo, de su enorme repercusión económica y social", el pleno de la Sala Tercera se reunirá para decidir si confirma o no esa sentencia.
La decisión del presidente de la Sala pasa por un lado por "dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar" y "avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado".
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