El Ayuntamiento se planta ante la excesiva ocupación de los espacios públicos
El convencimiento de que 'la calle no es de todos en Granada', como señalaba el reportaje publicado por El Independiente de Granada con la iniciativa ciudadana liderada por el fotógrafo Juan Ferreras para denunciarlo, también es compartido por el gobierno local socialista, que trabaja en un plan de reordenación de las terrazas de los establecimientos de hostelería para hacer frente a la excesiva ocupación de los espacios públicos.
El necesario equilibrio entre el uso privativo del suelo público, el disfrute de quienes lo utilizan, el descanso de quienes residen en su entorno y la protección de las plazas, en especial aquellas singulares, "se ha roto". Lo reconoce en una conversación con este diario la concejala Raquel Ruz, responsable entre otras áreas de Protección Ciudadana, Comercio y Turismo.
La ocupación de esos espacios con terrazas de establecimientos de hostelería es ahora "excesiva" y "desordenada". Y apunta también el problema de seguridad ciudadana que se plantea en algunos puntos, donde resulta "imposible" que llegue una ambulancia o un vehículo de bomberos.
Para hacer frente a esa situación, que ya denunció durante su etapa en la oposición, desde su Concejalía se trabaja en un plan de reordenación que comenzará por cuatro plazas céntricas y emblemáticas como son Bib-Rambla, Plaza Nueva, Pescadería y Romanilla.
La Plaza de la Romanilla será uno de los primeros espacios a reordenar. juan ferreras
Será en septiembre cuando ese plan se presente a la comisión de terrazas, que el anterior gobierno local no convocaba, como recuerda Ruz para explicar que en ese foro, con la presencia de los grupos municipales y la Federación de Hostelería se trasladará toda la información para compartirla y recoger también las aportaciones. Como se hará igualmente en las Juntas de Distrito.
No solo habrá una reordenación. El Ayuntamiento incrementará las inspecciones de estos espacios en una iniciativa que no esperará a septiembre. Con ese control se pretende acabar con los incumplimientos de la normativa, muy especialmente, los casos reiterados. "No vamos a permitir que a nadie le sea rentable el incumplimiento de la normativa", zanja la concejala.
En principio no se plantea un cambio de esa norma, que fija un porcentaje de ocupación -un tercio del espacio- teniendo en cuenta también el aforo del local. Con las inspecciones que se llevarán a cabo se comprobará que el número de mesas y su disposición cumple con lo establecido y con el permiso municipal que tenga cada establecimiento.
Las sanciones por incumplir las normas van desde 3.000 euros a la clausura del establecimiento y, en esos casos más graves, la imposibilidad de obtener licencia el próximo año.
No es un problema únicamente del centro de Granada, admite la edil, que hace hincapié en que será un punto de partida.
