La querella, según informó la Cadena Ser,  se dirige contra el embajador Emilio Pérez de Ágreda y su segundo, Oriol Solá Pardel, por un delito de homicidio imprudente. También considera responsable civil subsidiario al Ministerio del Interior, y la responsabilidad civil directa del Ministerio de Asuntos Exteriores.

 

La querella admitida por el magistrado denuncia que el embajador y su segundo nunca atendieron las graves deficiencias que presentaba la embajada, objeto de numerosos informes y peticiones de los propios agentes que la ocupaban, para dotar de mayor seguridad a la sede diplomática. Informes que “aumentaron en 2012-2013 sobre ausencia de seguridad y riesgo para la vida de los allí destinados, que se comunicaban al embajador y éste al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación”.

 

Se trataba, dice el auto, de “instalaciones deficientes para el lugar en el que se encontraba”, fuera de la zona de seguridad de las embajadas occidentales en un barrio rodeado de casas de militares y señores de la guerra, con simples “garitas de paja, ventanas de plástico y puertas de madera”. 

 

En 2011 el edificio solo recibió una partida de 5.000 euros, que “resultó insuficiente” y solo permitió cambiar las puertas de madera por latón, informó la Cadena Ser.

 

Sin embargo, el domicilio del embajador sí que se encontraba dentro del perímetro de seguridad, la llamada “zona verde” en Kabul, donde se encuentran el resto de embajadas y equipos especiales para protegerlas.

 

Según el escrito judicial, la mañana del atentado los servicios secretos franceses advirtieron del riesgo de atentado contra la embajada de España, lo que “debería haber provocado la toma extraordinaria de medidas de seguridad, y que hubiera evitado esa tarde” que “un coche bomba hiciera explosión contra los muros de la legación española”.

 

Aquel 11 de diciembre, el embajador Emilio Pérez de Ágreda estaba “de vacaciones” en España, y quedó como encargado el también querellado Oriol Solá que “tampoco respetaba ninguna medida de seguridad. Más al contrario, ponía constantemente en riesgo la seguridad del edificio, permitiendo el trasiego de mercaderes que paseaban por la embajada, consintiendo la entrada de coches, furgonetas y camiones con joyas, alfombras y otros enseres, sin avisar con tiempo suficiente a los equipos de custodia y seguridad para la identificación de personas y cosas”.

 

El coche bomba que explosionó en la tarde del 11 de diciembre de 2015 dejó un hueco por la pared de la Embajada, por la que entraron tres asaltantes talibanes, armados, que empezaron a disparar contra los que se encontraban en el interior, asesinando a los dos agentes españoles y a diez afganos que velaban por la seguridad de la legación diplomática. 

 

También resultaron heridos otros siete policías españoles, que se han adherido a la querella presentada por la viuda de Jorge García Tudela. Los terroristas fueron abatidos al amanecer por fuerzas norteamericanas.