El fraude detectado se refiere, en todos los casos, al domicilio.  Esta cifra de alumnos y alumnas es algo mayor que la del curso anterior, cuando la administración educativa cambió de centro a 18 estudiantes.

 

Estos cambios de centro por fraude son el resultado de las denuncias realizadas por terceros, generalmente familias de los propios centros que detectan esas presuntas irregularidades y las ponen en conocimiento de la administración. A partir de ahí, los ayuntamientos, las diversas policías locales así como la policía autonómica, investigan los hechos. En este curso, el número de denuncias ha sido de 18, que abarcaban presuntas irregularidades de 84 familias. La mayoría de las denuncias se han producido en el acceso a la educación infantil de 3 años y en el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.

 

Los 24 casos finalmente comprobados de fraude han sido remitidos a la Fiscalía como obliga la legislación vigente. En este sentido, la Consejería de Educación manifiesta su decisión de actuar con contundencia para garantizar el derecho que asiste a todas las familias en la elección de centros escolares.

 

El número de recursos o reclamaciones por denuncias de presunto fraude en domicilios e familias es muy similar al del año anterior (18 este año frente a 16 del pasado) y afecta a un número de centros similar (8 este año frente a los 9 del anterior). La diferencia radica en un número sensiblemente inferior de familias (84 frente a 123) pero  una cifra algo superior de fraude real (24 alumnos frente a 18). En general, no obstante, el fraude en la escolarización es una práctica que afecta a apenas un 0'01 por ciento del alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos en Granada.

 

La legislación andaluza establece la pérdida de los derechos de prioridad al centro solicitado en el caso de que se compruebe que las solicitudes de admisión incluyen datos o documentos que no se correspondan con la realidad familiar.  Un año más, el proceso de escolarización se ha realizado con plenas garantías para todas las familias, por lo que, como paso previo a la resolución final, todas las familias denunciadas han sido oídas e informadas del procedimiento en curso y de los datos aportados por la policía autonómica.