Historiadoras e historiadores andaluces, apoyados por investigadores de otros puntos de España y de universidades de Europa e Hispanoamérica, han emprendido una movilización para que la Junta de Andalucía no destruya documentación judicial, decidida para ahorrar espacio, al considerar que se está procediendo a la eliminación ‘de una valiosa documentación histórica que es parte de nuestro patrimonio histórico’.