Comienza el juicio por el primer caso de presunta corrupción urbanística municipal de la etapa del PP
El tribunal que juzga el caso Serrallo da 24 horas al Ayuntamiento para que aclare si dio cuenta al pleno de su personación como acusación particular
La primera sesión del juicio del caso Serrallo comienza con la duda de si el Ayuntamiento de Granada cumplimentó los requisitos para personarse como acusación particular. Te lo contamos.
IndeGranada
Torres Hurtado, el primero de los 17 acusados.
Comenzó pasadas las 9,30 horas con las custiones previas el juicio por el caso Serrallo, en el que se juzga al que fuera alcalde de Granada, José Torres Hurtado, nueve de sus ediles, funcionarios y un empresario, en el primero de los casos de presunta corrupción urbanísitica municipal, que han dejado marcada toda una etapa, la de los sucesivos gobiernos populares en la capital, que gestionó durante 13 años consecutivos.
La sorpresa ha saltado cuando el abogado del empresario Roberto García Arrabal, promotor al que supuestamente beneficiaron con esta operación urbanística ilegal, advirtió de que la personación del Ayuntamiento de Granada nunca pasó por el pleno, lo que podía invalidar su participación en el juicio.
La personación del Ayuntamiento de Granada, según se ha revelado en el juicio, fue a través de un acta notarial firmada por el alcalde, pero sorprendetemente, aunque ya gobernaban los socialistas, con la firma de Torres Hurtado
La personación del Ayuntamiento de Granada, según se ha revelado en el juicio, fue a través de un acta notarial firmada por el alcalde, pero sorprendetemente, aunque ya gobernaban los socialistas, con la firma de Torres Hurtado.
Tras ello, el tribunal, presidido por el magistrado José María Sánchez, se ha retirado a deliberar y a la vuelta trasladó a la abogada del Ayuntamiento de Granada que le daba de plazo 24 horas para que aclare si la personación pasó por el pleno y cumplimentó el procedimiento legal.
La abogada que actúa en nombre del Ayuntamiento, que apenas hace unos días había asumido el caso, no ha sabido aclarar el procedimiento que siguió el Ayuntamiento para personarse.
Como ha indicado el presidente del tribunal, se da "la curiosa circunstancia" de que en esta causa es Torres Hurtado el que está acusando en nombre del Consistorio.
El Ayuntamiento, por tanto, debe informar de las circunstancias de su personación, ahora, en calidad de perjudicado. Llegó a ello subrogándose en la posición que mantenía el PSOE, mediante resolución del ya el entonces alcalde, Francisco Cuenca, de julio de 2016.
En la resolución se indicaba que se daría traslado a la asesoria juridica y al pleno en su proxima sesion. A continuacion se utilizó el poder notarial firmado por Torres Hurtado para formalizar la personación.
Si no está ese acta de pleno, segun la sala, la posicion del Ayuntamiento es "complicada", "tan complicada como que fue un partido político el que se personó".
Lo que está en juego con la personación del Ayuntamiento es la responsabilidad civil que reclama. Si no lo hace el tribunal retiraría al Ayuntamiento comoi acusación particular.
El juicio prosigue con la declaración de Torres Hurtado, quien antes de entrar a la sala dijo sentirse "muy tranquilo". El ex alcalde anunció que solo responderá a cuestiones del tribunal y su abogado. Ni a las acusaciones particulares ni a la Fiscalía.
Los delitos que se juzgan por la construcción de una sala de fiestas y zona recreativa en zona verde son: delito continuado contra la ordenación del territorio; delito continuado de prevaricación urbanística; delito continuado de prevaricación común; delito de fraude en la contratación; delito de tráfico de influencias; y falsedad en documento público.
Junto a José Torres Hurtado e Isabel Nieto, la que fguera concejal de Urbanismo, se sientan en el banquillo los concejales que formaron parte de la Junta de Gobierno Local. Son Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma, Juan García Montero, María Francés, Fernando Egea, Telesfora Ruiz, Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera. Entre los funcionarios, Manuel Lorente, Agustín Belda, Gaspar Navarro, Emilio Martín, María Paz Spínola y Francisco de Paula Aguilera. Y el empresario Roberto García Arrabal. Hay también cuatro empresas mercantiles acusadas.
(seguirá ampliación)
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