La decena de testigos que han prestado declaración en el marco de las investigaciones de la presunta trama urbanística en el Ayuntamiento de Granada han corroborado irregularidades en el área de Urbanismo. Los detalles que aportaron han permitido trazar la estructura y la manera de funcionar para materializar el supuesto trato de favor a los constructores recogido en la investigación.

De los diez testigos, ocho son funcionarios municipales, uno de ellos clave en el sumario de este caso, Jacobo de la Rosa, que fue director general del área de Urbanismo. Junto a los ocho funcionarios, han declarado en calidad de testigos el exconcejal de Urbanismo y hombre fuerte del primer gobierno de José Torres Hurtado, Luis Gerardo García-Royo, y el empresario Ramón Arenas, que denunció ante la Fiscalía la operación del Pabellón Mulhacén, origen de esta macroinvestigación.

Según estas declaraciones que constan en el sumario, en Urbanismo no se respetaban las competencias de las distintas unidades, servicios o funcionarios a la hora de completar los expedientes. De esta manera se adjudicaba el trabajo de elaboración de pliegos o de informes a aquellas áreas o personas que no podrían reparos a las indicaciones que habrían llegado de la exconcejala Isabel Nieto, condicionando su sentido.

Para lograr informes favorables o que salieran adelante trámites pese a no cumplir los preceptos legales, se llegó a modificar la organización del área investigada. Hubo hasta una innovación del Plan General de Ordenación Urbana para legalizar una reforma ilegal. Es en este contexto en el que se relatan "las presiones" a las que fueron sometidos funcionarios. 

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Detalle de la declaración de uno de los testigos. 

Ejemplos de irregularidades detalladas por los testigos: 

• En el plan parcial de Casería de San Jerónimo -donde se construyeron 300 viviendas, locales y aparcamientos en una operación urbanística que llegó a incluir un cuestionado desvío de un barranco sin hacerse primero con la propiedad de los terrenos-, "para sortear la negativa del director general de Urbanismo" a conceder la licencia de primera ocupación sin estar concluida la totalidad de las obras del sector, "sin ser informado él mismo previamente la Subdirección de Licencias (hasta entonces dependiente de la Dirección General de Urbanismo), pasó a ser una dirección general independiente", nombrando a uno de los investigados para estar al frente de la misma. La licencia se concedió unos veinte días después de ese movimiento. Esta operación habría beneficiado al promotor José Julián Romero.
• En la reforma del Registro de la Propiedad, la existencia de una entreplanta con la que se superaba la edificabilidad del inmueble se obvió, pese a las advertencias, y se concedió la licencia. Posteriormente, para legalizarla, se aprobó una innovación del Plan General de Ordenación Urbana que le dio cobertura. El registrador figura entre los investigados. 
• En el inmueble en el que residen el exalcalde y la exconcejala de Urbanismo, "solo hay que observar la fachada para saber que se ha incumplido de forma flagrante las determinaciones del Plan Centro en cuanto a materiales empleados, existencia y dimensionado de cuerpos volados y salientes de los mismos". Sin embargo, un funcionario -que accedió con "brillante calificación"- tuvo que elaborar tres informes, "corrigiendo en cada uno de ellos el anterior, para cuantificar simplemente el alcance de la infracción cometida en cuanto a la altura libre mínima exigible se refiere y en consecuencia tuviera que modificar, siempre a la baja, el importe que obligatoriamente el promotor ha debido de satisfacer, con carácter previo a la obtención de la licencia de primera ocupación, para legalizar mediante compensación económica sustitutoria la infracción cometida". 
• En la operación de la manzana donde se construyó el Pabellón Mulhacén, se modificaron las condiciones con las que se adjudicó el contrato a petición del concesionario -García Arrabal-. Pero "en ningún momento" se traslada la necesidad de hacer modificación alguna hasta que se produce una reunión en la que se constata que las obras ya están al 90 por ciento de ejecución. En ese momento uno de los testigos afirma que señaló la necesidad de elevar una consulta a la Asesoría Jurídica municipal y se le contesta que "no era necesario" y que lo único que procedía era "dar traslado de dichos cambios al órgano de contratación". El informe que se elaboró, que suponía simplemente "una toma de conocimiento", se dirigió por indicación expresa a la concejala y no a la Junta de Gobierno Local, que es por ley, el órgano de contratación.
• Plan parcial en Cerrillo de Maracena donde se proyectó el fallido Palacio de Hielo. Para la valoración de los terrenos que se incluyó en el acuerdo con los promotores que concluyó con la recompra por parte del Ayuntamiento, se recurrió a un economista externo que, según se recoge en la declaración de otro de los funcionarios que testificaron, "no es persona con capacidad desde el punto de vista de la Administración y que un informe de opinión no es válido como soporte a un convenio urbanístico de la Administración".
• Convenios urbanísticos impagados. Tras la salida de Manuel Lorente de la Gerencia de Urbanismo y la llegada de nuevo responsable se elabora un informe para conocer el estado de los convenios y confirmar lo que estaba o no liquidado. El informe concluye que había 40 millones pendientes de cobro. La información que contenía ese estudio es tachada de "errónea y tendenciosa" por el exgerente y otro de los investigados. Pese a todo y tras ser informada la entonces concejala, se ponen en marcha los trámites para el cobro. La mayoría de las cantidades eran de empresas de José Julián Romero. Se comprobó que los avales que "hipotéticamente existían" no fueron aportados en su momento, como se pactó. Ello obligó a que, en lugar de ejecutar los avales, se tuviera que recurrir a embargos.
• Edificio Progreso. "Habrían existido irregularidades en cuanto al uso del suelo incluido en el convenio y en el plan especial para hacer usos  comerciales", ya que se habría destinado por parte del promotor Roberto García Arrabal para de este suelo, destinado a uso terciario, al desarrollo de viviendas residenciales.

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