Nueva sentencia que establece una indemnización millonaria
Una sucesión de errores de Urbanismo en los últimos años obliga ahora al Ayuntamiento a pagar más de 13 millones a una constructora
El incumplimiento del convenio firmado con la empresa Construcciones Vargas e Hijos deriva en una nueva condena que compromete aún más la situación económica municipal y que vuelve a cuestionar la gestión urbanística. Es "una catástrofe" para la economía municipal, asegura el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid.
Baldomero Oliver y Miguel Ángel Fernández Madrid, este viernes en rueda de prensa. indegranada
El Ayuntamiento de Granada se enfrenta al pago de una nueva indemnización millonaria derivada de la gestión urbanística de los últimos años. Una reciente sentencia le obliga a pagar 13,2 millones de euros a la empresa Construcciones Vargas e Hijos por una operación urbanística que ha ido retrasándose durante más de una década y que ha encadenado una sucesión de errores que agrava ahora la frágil situación económica municipal.
No es la primera indemnización a la que tiene que hacer frente el Consistorio por decisiones urbanísticas, pero esta es una de las de mayor cuantía. Se trata del conocido como Plan Parcial Oeste 3, unas parcelas situadas junto al Bulevar de La Chana y al IES Severo Ochoa.
Son ocho parcelas recogidas como suelo urbano en el PGOU aprobado en 2001 y calificadas como Sistema General de Espacios Libres. En julio de 2005, sus propietarios, Construcciones Vargas e Hijos pide al Ayuntamiento que inicie el expediente de expropiación previsto. Y ahí comienza el largo proceso que concluye ahora en una obligación de pago de más de 13 millones de euros que, en palabras del nuevo responsable de Urbanismo, el concejal socialista Miguel Ángel Fernández Madrid, supondrán "una catástrofe" para la economía municipal.
Este largo proceso se inició recurriendo, por parte del Ayuntamiento, el justiprecio establecido por la Comisión Provincial de Valoraciones -precisamente esos 13,2 millones de euros-. Los propietarios ganaron esa primera batalla y fue entonces cuando Consistorio y constructora firman un convenio -aprobado en pleno en 2009- que recoge la manera de hacer frente a ese pago: a través de un pago en especie. Ese documento incluyó condiciones y adendas. Así, condicionaba el convenio a que la reparcelación quede inscrita en el Registro y establecía un plazo para el pago en especie, además de un millón de euros.
No solo no se cumplieron los plazos y se dejó correr el expediente con silencios administrativos que se han vuelto finalmente en contra de los intereses municipales, sino que no se consiguió la inscripción en el Registro. Ahí hubo otra batalla municipal, que pleiteó ante el Ministerio de Justicia con el registrador por haberse negado, alegando falta de documentación, a la inscripción. Tampoco se le dio la razón al Ayuntamiento.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una sentencia de finales de abril que confirma una decisión anterior del Juzgado de lo Contencioso número 4 de Granada obliga al Ayuntamiento a afrontar la millonaria indemnización.
No solo no se cumplieron los plazos y se dejó correr el expediente con silencios administrativos que se han vuelto finalmente en contra de los intereses municipales, sino que no se consiguió la inscripción en el Registro. Ahí hubo otra batalla municipal, que pleiteó ante el Ministerio de Justicia con el registrador por haberse negado, alegando falta de documentación, a la inscripción. Tampoco se le dio la razón al Ayuntamiento.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una sentencia de finales de abril que confirma una decisión anterior del Juzgado de lo Contencioso número 4 de Granada obliga al Ayuntamiento a afrontar la millonaria indemnización.
El concejal de Urbanismo ha encargado un informe para conocer cuál fue la actuación municipal. Sospecha que se ha llegado a esta situación porque el expediente fue "pasando de mano en mano por diferentes departamentos técnicos" y acumulando decisiones o falta de actuaciones que han derivado ahora en la sentencia. Además, el gobierno local también estudia las posibilidades que quedan de recurso.
El pago de estos 13 millones de euros agravarán aún más las dificultades económicas del Ayuntamiento, según han coincidido en resaltar tanto el responsable de Urbanismo como el portavoz del gobierno local y concejal de Economía, Baldomero Oliver. En su etapa en la oposición ya alertaron de la posibilidad de que esta operación, como otras anteriores, derivara en indemnización pero los cálculos que hicieron entonces sin los datos del expediente, de unos 7 millones, han saltado por los aires.
De nuevo, tras hablar de "gravedad absoluta", ha planeado la amenaza de la intervención de las cuentas.
Primeros relevos en Urbanismo
El área de Urbanismo ha sido una en las que ha comenzado el relevo de puestos directivos. El gobierno local ha aprobado en la Junta de Gobierno Local de este viernes los primeros doce, entre ellos el de la directora general de Urbanismo y el director general de Licencias y Disciplina, Mari Paz Spínola y Emilio Martín Herrera, respectivamente. A ellos se suma tambien el de Manuel Lorente, director técnico de Obras y Mantenimiento.
El portavoz del gobierno local, Baldomero Oliver, ha tratado de desvincular estos ceses de la Operación Nazarí, en la que están investigados algunos de los funcionarios, apelando por un lado a la presunción de inocencia y, por otro, a la necesidad de ajustr la estructura política a la técnico-administrativa.
Lo hace el equipo de gobierno sin haber podido sacar adelante en pleno su propuesta para reducir el número de puestos directivos, tras la abstención de PP, Vamos Granada e IU. Al respecto, Oliver ha considerado "un gravísimo error" que la estructura no sea coincidente y ha dicho que estará "encantado de oír" a los grupos de la oposición para poder enmendarlo.
"Con o sin acuerdo de pleno, este paso es necesario para la gobernabilidad", ha afirmado el portavoz del gobierno, que ha informado también del inicio de los trámites para modificar la Relación de Puestos de Trabajo para encajar y hacer posible los ceses del personal funcionario con habilitación nacional.
