El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investiga si una docena de obras públicas, entre las que se encuentra la Segunda Circunvalación de Granada y al menos otros tres proyectos en la provincia de Granada, se adjudicaron -entre 2002 y 2009- con sobornos a altos cargos de distintas administraciones. Seis de ellos están imputados y han sido citados a declarar.

La investigación, por la que han sido citados a declarar esos responsables públicos, es una de las piezas del llamado Caso Lezo, en el que se investiga una presunta trama corrupta en la Comunidad de Madrid, por la que llegó a entrar en prisión el expresidente madrileño Ignacio González. 

Respecto a estas obras públicas, según la información recogida por Voz Pópuli y El País, el juez ha solicitado a distintas administraciones públicas, de ámbito estatal y también autonómicas, información sobre esa docena de adjudicaciones. Entre ellas hay al menos cuatro obras en la provincia de Granada.

Son trabajos adjudicados a Obrascón Huarte Lain (OHL) ya su filial Sociedad Anónima de Trabajos y Obras (SATO)

Entre las obras investigadas se encuentra también un muelle del Puerto de Almería que se habría adjudicado cuando la dársena motrileña aún no tenía independencia. De ahí que el juez se dirija a la Autoridad Portuaria Almería-Motril.

Por la adjudicación de uno de los proyectos de la Segunda Circunvalación valorado en 38,8 millones de euros, junto a carreteras de otras provincias como la A-7 en Málaga o la Autovía de la Plata, declarará como investigado el ex subdirector general de Carreteras del Ministerio de Fomento en la etapa del PP Luis Manuel Bruno Romero.

En el caso del puente de Loja (4,4 millones), la Variante de Baza (7,7) y la mejora en la A-92 (8,2 millones), el citado a declarar es Abelardo Genaro Moya, que fue director de GIASA -ahora Agencia de Obra Pública de Andalucía-. 

Además hay dos cargos de Coalición Canaria (Luis Pedro Suárez Trenor y Antonio Ángel Castro) y un político del PP que tuvo responsabilidades en el Puerto de Melilla (José Luis Almazán Palomino).

Hay grabaciones con el trato de esas mordidas

Este paso en la investigación por parte del juez García Castellón se da tras las declaraciones prestadas por directivos de la constructora. En el transcurso de esas diligencias se descubrió que uno de ellos había grabado conversaciones de otros empleados de la compañía en la que se aludía al pago de sobornos para lograr adjudicaciones. 

La Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil han documentado en un escrito "una práctica generalizadade abono de comisiones a funcionarios públicos" por parte de responsables de OHL. 

En el sumario del Caso Lezo se mencionó MercaGranada

No es la primera vez que el Caso Lezo salpica a Granada. En mayo de 2017 se conoció que el sumario aludía a MercaGranada. En concreto, se recogía que "una consejera de MercaGranada cercana a Ignacio González trató de beneficiar a una empresa investigada", sin éxito, pues no habría prosperado la oferta que ella defendió en MercaGranada. Se trató del contrato de servicios de limpieza, recogida, transporte, gestión y valorización de residuos y mantenimiento y limpieza de zonas ajardinadas y solares. 

El consejo de administración de MercaGranada decidió entonces poner en marcha una auditoría para despejar dudas sobre su funcionamiento. Finalmente zanjó el asunto en un informe de cuatro páginas en el que detallaba sus procedimientos de contratación.