El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada considera que la mejor manera de evitar los desahucios es mediante medidas como las que adoptó el PP en los cuatro últimos años en la ciudad, actuaciones que acometió ante la falta de iniciativas por parte de la Junta de Andalucía, la administración competente en materia de viviendas, y que han permitido atender y solucionar el problema de casi un millar de familias.

El concejal Fernando Egea ha destacado que lo significativo no es que la Policía Local o los bomberos intervengan o no en esas situaciones, puesto que a la postre los cuerpos de seguridad estarían obligados a cumplir con lo que marca la legislación y una sentencia de un juez, sino que se acometan políticas que hagan innecesarios los desahucios. “Es lo que ha hecho nuestro partido y sugerimos al cuatripartito que ahora gobierna o desgobierna esta ciudad que siga por esa línea que nosotros marcamos”, ha incidido.

Entre los recursos que el Ayuntamiento movilizó en estos cuatro últimos años, Fernando Egea destaca la creación de la Oficina Social de la Vivienda. Fue una “iniciativa pionera en Andalucía” que empezó a funcionar en el segundo semestre de 2012. Tres funcionarios especializados prestaron desde entonces “un servicio integral de inclusión social y asistencia a familias en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social”.

Además, los centros municipales de Servicios Sociales Comunitarios y los equipos de tratamiento familiar emitieron alrededor de 600 informes correspondientes al tipo de familias antes citado, como trámite obligatorio para que les fuera entregada una vivienda protegida y alojamiento en alquiler del parque público de la Junta. “En los últimos tres años se han adjudicado 51 viviendas protegida a través de este sistema, lo que demuestra que la administración autonómica es ineficaz en esta materia”, ha afirmado Egea.

El concejal ha recordado también que la concejalía de Bienestar Social y Familia asumió un “importante esfuerzo presupuestario” gracias al cual se consiguió atender a más de 3.000 personas, a las que se destinaron 900.000 euros en ayudas económicas familiares y de emergencia social para el mantenimiento o acceso a una vivienda alternativa.

El Ayuntamiento también firmó un convenio de colaboración con el Decanato de los Juzgados en diciembre de 2013, que permitió que los servicios sociales supieran con antelación la fecha de lanzamiento en muchos de los casos atendidos, con lo que se pudo informar y orientar a las personas afectadas sobre los recursos y servicios, ya fueran municipales, de la Junta o de organizaciones no gubernamentales. “Así se logró, en la gran mayoría de los casos, evitar la pérdida de la vivienda o, en su defecto, una alternativa de alojamiento”, ha subrayado el concejal, que ha agregado que ese protocolo “se puso de ejemplo en toda Andalucía y fue aprobado por el Parlamento de Andalucía en 2013 para ser implantado en toda la comunidad, ahora copiado en muchos ayuntamientos”.

Asimismo, el servicio de Intermediación Hipotecaria, creado mediante acuerdo entre el Consistorio y el Colegio de Abogados en enero de 2013, hizo posible que unas 400 personas recibieran información, orientación, asesoramiento e intermediación por parte de letrados especializados para acogerse a medidas que, en la práctica, supusieron que permanecieran en la vivienda con soluciones como la reestructuración de la deuda, la dación en pago, el alquiler social o la paralización del procedimiento de ejecución hipotecaria.

La extinta Emuvyssa, por su parte, puso a disposición de familias desahuciadas 14 viviendas en régimen de alquiler asequible, mientras que las casas y albergues para personas sin hogar tuvieron 65.000 estancias en los tres últimos años.

Por último, Fernando Egea ha remarcado que la Oficina Social de la Vivienda y los servicios sociales comunitarios asistieron a 360 familias que por su delicada situación económica podían pedir ayudas para el alquiler. “Esa es una competencia de la Junta y, aunque el plazo de solicitud finalizó el 30 de abril de 2015, hasta la fecha no se ha concedido ninguna ayuda y se desconoce cuándo se darán”. El concejal ha asegurado que, según datos de la propia Junta, se presentaron más de 24.000 solicitudes en Andalucía, de ellas más de 2.000 en Granada. “Si todas esas familias hubieran sido atendidas por la administración que tiene las competencias para ello, el Ayuntamiento podría destinar muchos de sus recursos y presupuesto a otras necesidades sociales”.