Podemos Granada ha denunciado en un comunicado que la Junta actuó "contra legem" al presentar un incidente de nulidad frente la sentencia del  Tribunal Supremo que confirmaba la del TSJA. "Se trata de una actuación contra legem pues se realizó a sabiendas de que había pasado el plazo para impugnar", ha argumentado la formación para agregar que, "si, finalmente, se presenta recurso de amparo al Tribunal Constitucional el resultado jurídico será el mismo y el coste para Andalucía, aún mayor, por los intereses y costas judiciales a pagar a la empresa propietaria del Centro Nevada".

La decisión del Tribunal Supremo de no admitir a trámite el incidente de nulidad planteado por el Gobierno Autonómico es, a juicio de Podemos, "el colofón de una escandalosa y negligente gestión del “Caso Nevada”, que finalmente acabaremos pagando los andaluces". Sin embargo, agrega en la nota, "ninguno de los políticos o gestores responsables de tantos desmanes ha asumido responsabilidad alguna. Incluso es muy posible que alguno de esos responsables políticos negligentes se dirijan ahora, con motivo de la campaña electoral, a la ciudadanía andaluza para pedir su voto con la promesa de eficacia y buena gestión".

"Al daño producido al comercio minorista local, a la Vega y a la movilidad en la ciudad hay que añadir ahora los 165,64 millones que deberá pagarle la Junta al empresario Tomás Olivo, uno de los hombres más ricos de España, según la revista Forbes".

El caso, apunta la formación, "constituye un paradigma de especulación, corruptelas, connivencias y despilfarro de dinero público. A los permisos del Ayuntamiento de Armilla se sumaron las contradicciones y la desidia del gobierno de la Junta de Andalucía, que primero dio cobertura jurídica a una ilegalidad para después intentar frenar con procedimientos inútiles y fuera de plazo lo que antes se había autorizado y promovido. Estas actividades de desprecio a la legislación y al respeto urbanístico de la Vega Granadina son a las que nos tienen acostumbrados el conocido clan de Armilla".

"Para colmo de despropósitos, el letrado de la Junta ni siquiera se presentó en la vista en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Curiosamente, esta actuación no impidió su ascenso a Jefe del Gabinete Jurídico autonómico. Igualmente fue “recompensado” con un ascenso el letrado (emparentado con el anterior) responsable de impugnar fuera de plazo las obras".

Es necesario, agrega Podemos Granada, que "los responsables de este desaguisado asuman responsabilidades políticas. Es lo que exige la ciudadanía de Granada y de Andalucía con el apoyo de Podemos Granada".