El personal de confianza adscrito a la Alcaldía y los grupos municipales y su remuneración, prórrogas de contratos pendientes como el aula ambiental del ecoparque o el aula rural de verano y decretos de alcaldía dictados "por razón de urgencia", como la desestimación de un recurso de reposición relacionado con el plan asfáltico o la adjudicación de las parcelas para el pago del justiprecio a Monoplan y Rober, son algunas de las medidas con las que ha arrancado el nuevo mandato municipal. 

Fue el concejal de Economía, Hacienda y Smart City el que dio cuenta de las primeras juntas de gobierno, en sustitución del portavoz Juan García Montero, que no pudo comparecer por motivos de salud. Francisco Ledesma detalló que la primera de ellas fue extraordinaria, para fijar las competencias. Formarán parte de la junta de gobierno local los cinco tenientes de alcalde y los concejales Telesfora Ruiz, Juan Antonio Fuentes, que actuará como secretario, y María Francés. A ellos se les delegó las competencias. 

Entre las primeras medidas, aprobar el nombramiento del personal eventual -de confianza- adscrito a la Alcaldía y los grupos municipales. 13 peronas según detalló Ledesma: tres asesores adscritos al PP, dos al PSOE, 1 a Ciudadanos, 1 a Vamos Granada, 1 (secretario de grupo) para IU y 4 a la Alcaldía (entre jefe de gabinete, secretario y asesores de atención a la ciudadanía). El número y el sueldo de este personal queda congelado, según detalló ledesma que explicó que para asignar el secretario de grupo a IU se modificará un artículo del Reglamento Orgánico Municipal para que pueda contar con asistencia. 

Una reducción en las asignaciones a cuatro asociaciones de vecinos completan algunas de las medidas de la junta de gobierno, según Ledesma que avanzó que están ultimando el pacto para la estabilidad política con Ciudadanos. El próximo lunes habrá otra reunión y esperan cerrar el acuerdo que detallará las líneas estratégicas y políticas del mandato. 

"Por decreto y a espaldas de la ciudadanía", dice IU

Tras estas juntas de gobierno, IU criticó que las 50 competencias de la junta de gobierno se deleguen en concejales del PP, lo que "implica gobernar por decreto a espaldas y a escondidas de la ciudadanía”. De este modo, numerosas decisiones "transcendentales" de la gestión municipal y que afectan a la ciudad “se tomarán directamente por decreto sin conocimiento público, sin control de los grupos municipales de la oposición ni numerosos mecanismos de control y fiscalización que debe tener el pleno del Ayuntamiento”.

“Esta forma de actuar es muy poco transparente”, aseguró en un comunicado Puentedura, quien opinó “que el Partido Popular y el Alcalde de Granada aún no son conscientes de que no tienen mayoría absoluta y pretender gobernar por decreto sin decisiones colegiadas, diálogo y consenso implica continuar en la senda de imposiciones y soberbia que el PP ha ido practicando en los últimos doce años”.

El edil de IU preguntó al Grupo Municipal de Ciudadanos y a su portavoz, Luis Salvador, que sustenta al gobierno municipal, “si esta es la manera que tienen de aplicar el cambio que defendían para la ciudad de Granada”. Para el concejal de IU “esta forma de actuar es más de lo mismo e implica hacer imposible la regeneración democrática del Ayuntamiento de Granada”.

Entre las competencias que se delegan se encuentran las decisiones más importantes en materia de personal municipal, desde las propuestas de oferta de empleo, a las bases de los concursos y oposiciones, el nombramiento de tribunales de oposición, la contratación de personal laboral e interino, y los expedientes disciplinarios, entre otros, según Puentedura. Esto implica “que el concejal de organización y personal podrá hacer y deshacer como le plazca sin rendir cuentas al pleno ni a ningún órgano colegiado, en un momento donde las acusaciones de enchufismo y nepotismo en materia de personal en el Ayuntamiento están a la orden del día”.

Del mismo modo ocurre con las competencias más importantes de contratación y, en especial la adjudicación y el seguimiento de los contratos, que implica que el concejal de esta materia pueda por decreto adjudicar contratos, con condiciones de ejecución y de seguimiento de los mismo, sin tener que rendir cuentas "a nadie" y sin permitir el control y fiscalización de los grupos municipales de la oposición, “ocultando a la ciudadanía en qué se gasta, para qué se gasta, cómo se gasta y con quién se gasta el dinero de sus impuestos o como se gestionan estos servicios públicos que en muchos casos serán privatizados por decreto”.

También en materia de Economía y Hacienda se produce esta delegación competencias tanto en las propuestas de reconocimientos extrajudiciales de crédito como en el libramiento y justificación de anticipos de Caja, “lo que implica que las facturas en el cajón no tendrán transparencia y no se rendirá cuentas a ningún órgano colegiado de los gastos de altos cargos, protocolo, altos cargos, dietas y viajes”.

Tampoco existirá transparencia, según IU en materia de licencias urbanísticas, licencias de actividad y medio ambientales ni en la disciplina urbanística, de medio ambiente ni en la potestad sancionadora de estas dos concejalías “lo que implicará que sin conocimiento de los grupos de la oposición ni de ningún órgano colegiado se aprobarán proyectos de obras y actividades con promotoras y empresas y sin los mecanismos de control del pleno”.