María Jesús Montero será la nueva portavoz del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, en sustitución de Isabel Celaá, y continuará como ministra al frente de la cartera de Hacienda, según han confirmado fuentes de Moncloa.

De esta forma, Montero asumirá una tarea más en el nuevo Ejecutivo de coalición, la portavocía del Gobierno, y compatibilizará esta nueva responsabilidad con la cartera de Hacienda, labor que venía desempeñando desde el pasado mes de junio de 2018 cuando fue designada para el puesto por Pedro Sánchez.

La andaluza ha sido una de las principales encargadas de las negociaciones para conformar la coalición de Gobierno y ha venido trabajando con miembros de Unidas Podemos en los últimos meses y el acuerdo programático suscrito entre ambas formaciones.

Al asumir la portavocía, Montero será la encargada de explicar las medidas que vean la luz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de los viernes y de dar cuenta ante la opinión pública de los asuntos más relevantes gestionados por el Gobierno en las distintas materias.

Presupuestos y ajustes para reducir el déficit

En todo caso, la tarea más inmediata de la que tendrá que encargarse será la elaboración y presentación de la senda de estabilidad presupuestaria, junto al límite de gasto no financiero (techo de gasto), previo al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020, del que ya ha avanzado que su departamento tiene definida la previsión de recaudación y que se empezará a trabajar en las prioridades marcadas en los acuerdos programáticos firmados por el PSOE con el resto de formaciones políticas.

En la pasada legislatura, Montero llegó a elaborar y presentar un proyecto de ley de Presupuestos de 2019, si bien no obtuvo finalmente los apoyos suficientes, ante el rechazo de las formaciones de derechas y de las fuerzas independentistas, lo que propició la convocatoria de elecciones generales.

Por ello, Montero tendrá que esforzarse por recabar los apoyos suficientes para que en esta ocasión sí vean la luz las cuentas públicas de 2020, ya que, además de que el proyecto de Presupuestos es la principal ley de todo Gobierno en un ejercicio, actualmente sigue prorrogado el Presupuesto de 2018 elaborado por el exministro del PP Cristóbal Montoro. Según Montero, las nuevas cuentas se dirigirán a "las personas" y se forjarán con el "ineludible compromiso de las reglas fiscales que marca Europa".

Precisamente, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria será una de las principales y más difíciles tareas sobre la que deberá trabajar Montero, ya que tendrá que tratar de reducir el déficit público del 2% del PIB en el que el Gobierno confía haber cerrado 2019 al 1,1% en 2020, lo que supondría acometer un ajuste de unos 10.000 millones de euros. En el Plan Presupuestario el Gobierno estimaba un déficit del 1,7% a políticas constantes este año.

En paralelo a la reducción de déficit, la ratio de deuda pública tendrá que pasar del entorno del 96% del PIB previsto en 2019 al 94,6% del PIB comprometido para ese año.

Cambios fiscales

Para ello, PSOE y Unidos Podemos proyectan varios cambios fiscales, en gran parte ya recogidos en las medidas del fallido proyecto de Presupuestos de 2019, con algunas pequeñas variaciones. Así, en Sociedades fijarán un tipo mínimo del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos.

En cambio, las pymes que facturen menos de un millón de euros pasarán de tributar de un tipo del 25% al 23%. También se limitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial. En IRPF, subirá dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros.

El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros. Además, "se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo". También se mantiene la aprobación del impuesto sobre determinados servicios digitales ('Tasa Google') y a las transacciones financieras ('Tasa Tobin'), así como nueva fiscalidad verde sin que recaiga sobre clases medias, autónomos y pymes.

Igualmente, se promoverá a nivel europeo el establecimiento de un mecanismo de compensación del CO2 en frontera para las importaciones y en el IVA se reducirá el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios del 21% al 10% y de los productos de higiene femenina del 10% al 4%. Otro aspecto es la revisión del régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales y la reforma del régimen jurídico y fiscal de las 'socimis', aplicando un tipo de gravamen del 15% sobre beneficios no distribuidos.

Para el colectivo de autónomos se evaluará el actual régimen especial del criterio de caja en el IVA para proceder, en su caso, a su revisión para, dentro de los límites de la directiva armonizada, hacerlo "atractivo" para autónomos y pequeñas empresas.

En la agenda también está recogida la aprobación de la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal y la elaboración de una Estrategia nacional contra el fraude fiscal, así como la actualización de la lista de paraísos fiscales, la prohibición amnistías fiscales, límites más rigurosos a los pagos en efectivo, la prohibición del 'software' de doble uso y mayor control sobre las 'sicav'.

Financiación autonómica y armonización de impuestos

En paralelo a los cambios fiscales, el Gobierno está decidido a a abordar en la nueva legislatura la reforma del modelo de financiación autonómica, para lo que prevé reunir en breve a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Además, Montero ya ha deslizado la posibilidad de armonizar determinados impuestos a nivel nacional, como en Sucesiones y Patrimonio, con el fin de reducir las asimetrías entre las regiones.

A este respecto, Montero se ha referido en varias ocasiones a los bajos impuestos de la Comunidad de Madrid, y ha mostrado su postura de tomar medidas para que haya "igualdad fiscal" entre autonomías. Ante el rechazo unánime mostrado ya por la Comunidad de Madrid y otras regiones, Montero tendrá que buscar el consenso para tratar de acometer cambios en la financiación autonómica y dar pasos en la armonización de determinados tributos.

Perfil

Montero (Sevilla 1966), es licenciada en Medicina y Cirugía y máster en Gestión Hospitalaria por la Escuela de Negocios EADA, ostentó la cartera de Hacienda y Administración Pública en la Junta de Andalucía desde 2013, departamento al que llegó tras pasar nueve años al frente de la Consejería de Salud, a la que accedió en 2004 de la mano de Manuel Chaves.

A este cargo accedió tras ejercer desde 2002 como viceconsejera del mismo departamento. Anteriormente fue subdirectora médica del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla entre 1995 y 1998. En este año se incorporó al complejo sanitario Virgen del Rocío de la misma ciudad, primero como subdirectora médica y posteriormente como subdirectora gerente.

Al margen de su trayectoria en el ámbito sanitario, María Jesús Montero fue presidenta de la Comisión de Marginación del Consejo de la Juventud de Andalucía entre 1986 y 1988, y posteriormente secretaria general del mismo hasta 1990. Desde 2008 y hasta su nombramiento como ministra fue parlamentaria por Sevilla en la Cámara autonómica.

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