Un juez investiga por un supuesto delito de prevaricación al exjefe de la Policía Local de Granada
El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada ha admitido a trámite la querella presentada por un agente de la Policía Local de Granada contra el que ha sido jefe del Cuerpo hasta hace poco más de una semana, José Manuel Jiménez Avilés, por un supuesto delito de prevaricación.
De fondo, el expediente disciplinario masivo que abrió el exjefe de la Policía Local por los servicios extraordinarios del 2 y el 5 de enero de 2013. En total fueron expedientados 48 agentes, 11 de ellos delegados sindicales. Entre estos últimos se encontraba el denunciante, delegado entonces del Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada, según la querella a la que ha tenido acceso El Independiente de Granada.
Alegó entonces el gobierno local a través del área de Personal y tras el informe del exjefe de la Policía Local, que fue el instructor del expediente, que los agentes se habían concertado, en una reunión que se habría celebrado el 31 de diciembre, para no acudir esos días, "con el fin de alterar el normal funcionamiento de esos servicios" y como "medida de presión" por la implantación de medidas aprobadas en diciembre de 2012 que afectaban a los funcionarios, en este caso, ampliándoles la jornada laboral. Señalaba como promotores a los sindicatos SIPLG y SIP-AN.
El gobierno local llegó a denunciar, por un presunto delito de abandono colectivo de un servicio público, estos hechos. La denuncia llegó al Juzgado de Instrucción 8, que la inadmitió "decretándose sin más el archivo de esas diligencias", como recuerda ahora en su querella el denunciante.
Esas sanciones se impusieron además, en plena negociación del convenio colectivo, como recuerda el denunciante.
El agente que ha presentado la querella que ya instruye el Juzgado número 5 presentó alegaciones al expediente disciplinario, demostrando que para la fecha de esa supuesta reunión no estaba en Granada y ni siquiera en el país, pues disfrutó de unos días de vacaciones fuera de España entre el 28 de diciembre y el 4 de enero.
Pese a ello, como recoge la querella, el exjefe de la Policía Local, como instructor del expediente, propuso para él sancionarle con la suspensión de funciones durante tres meses y un día como inductor de una falta muy grave, como era la de concertar acciones para alterar el normal funcionamiento del servicio.
Expone en la querella el abogado del denunciante que ese expediente disciplinario "se utilizó para presionar a mi mandante como delegado sindical", y que una vez finalizada la negociación del convenio colectivo, en diciembre de 2014, la Junta de Gobierno Local acordó su caducidad y decidió archivarlo.
Por todo ello el agente considera al exjefe de la Policía Local de un presunto delito de prevaricación, al haber dictado una resolución "arbitraria", " a sabiendas de su injusticia".
La querella, que fue presentada en junio -cuando todavía ocupaba el cargo- fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 5 de Granada según consta en un auto dictado el pasado 13 de julio consultado también por este diario.
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