El Gobierno rebajará el IVA de las mascarillas
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado la rebaja del IVA de las mascarillas del 21 al 4 por ciento. Lo ha anunciado durante el Debate de Totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2021,
Montero ha señalado que el Gobierno adopta esta decisión cuando ha logrado la confirmación por escrito de que la Comisión Europea no abrirá un procedimiento de infracción por aplicar un cambio legal que contraviene la directiva comunitaria del IVA.
La Secretaría de Estado de Hacienda remitió el pasado viernes una carta a la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea para preguntar si la normativa comunitaria vigente ampara una reducción del IVA a las mascarillas vendidas a particulares.
La Comisión Europea respondió este martes por la tarde confirmando que, "como sostenía el Ministerio de Hacienda, la directiva comunitaria impide aplicar tipos reducidos a las mascarillas de venta al público". Sin embargo, y dada la situación extraordinaria, también traslada que "no abrirá un procedimiento sancionador a España por rebajar el IVA de las mascarillas".
Según el Gobierno, la Comisión Europea apunta en su misiva que la aplicación de tipos reducidos o de exenciones a bienes para combatir la COVID-19 sí sería posible si hubiera prosperado ya la propuesta de reforma que la Comisión lanzó en 2018 sobre tipos de IVA reducidos. En este sentido, la Presidencia alemana retomará esta iniciativa y traslada que espera contar con el apoyo de España. Este mismo miércoles se abordará el tema en una reunión. Otros países europeos, a pesar de que la normativa lo prohíbe, estaban aplicando ya el tipo reducido.
La bajada del IVA era una reivindicación de asociaciones de consumidores, colectivos ciudadanos y partidos para abaratar el precio de un artículo de primera necesidad. En el pasado estado de alarma, cuando las mascarillas comenzaron de nuevo a estar disponibles en farmacias, el Gobierno fijó un precio máximo para que no se encarecieran y estableció en 0,96 el de las quirúrgicas. El uso de la mascarilla es obligatorio y, a día de la fecha, una medida de seguridad imprescindible frente al coronavirus, sin vacuna y sin tratamiento.
Durante su intervención en el Congreso, Montero ha defendido que, "por responsabilidad", el Gobierno no podía aplicar una medida que contraviene la normativa europea sin tener garantías de que España no se verá condenada a pagar una multa por ello.
María Jesús Montero, este miércoles en el Congreso. prensa congreso
Por otra parte, la Comisión Europea está trabajando en una propuesta de modificación de la Directiva del IVA para que las vacunas y los test de detección puedan disfrutar de tipos reducidos. Si bien Hacienda propuso en su carta del viernes que se incluyeran también las mascarillas, la Comisión Europea considera difícil tal posibilidad porque no cuenta con consenso y recuerda que las mascarillas no son de uso exclusivo para combatir la COVID-19.
Reducción del precio
Asimismo, el próximo jueves, la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM) abordará en el orden del día una rebaja del precio máximo de las mascarillas quirúrgicas.
El Gobierno fue uno de los primeros en la Unión Europa que reguló el precio de las mascarillas para evitar movimientos especulativos y contribuir a que el producto sea accesible para el conjunto de la población, según ha recordado hoy. La rebaja del IVA del 21% al 4% y la reducción del precio máximo de venta al público son dos medidas que generarán ahorro para las familias y facilitarían el acceso a estos productos, ha destacado el Ejecutivo.
El Ministerio de Hacienda ha recordado hoy las medidas que ha impulsado durante la pandemia el Gobierno, entre ellas el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, se estableció la aplicación de un tipo impositivo del 0% hasta el 31 de julio de 2020 a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la pandemia, cuyos destinatarios sean centros hospitalarios, la Administración Pública o entidades sin ánimo de lucro. El IVA del 0% se aplica, por ejemplo, sobre mascarillas, geles desinfectantes y el resto de productos de protección personal.
Hacienda prorrogó en septiembre esta medida hasta el 31 de octubre y la ministra María Jesús Montero ha comunicado ya que se renovará nuevamente y con carácter retroactivo hasta el mes de abril del próximo año.
La ministra ha resaltado en su intervención que, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno ha adoptado una batería de medidas para mitigar el impacto de la crisis en las familias y hogares y también en el tejido productivo. Para ello se han movilizado hasta 216.000 millones de euros, una cifra sin precedentes que representa alrededor de un 20 por ciento del PIB. Unos recursos que han permitido desplegar "una amplia red de seguridad con el objetivo de no dejar a nadie atrás".
En concreto, el Ejecutivo ha protegido la renta y los empleos de más de tres millones de trabajadores con los ERTE y también de 1,4 millones de autónomos con la prestación por cese de actividad, según ha indicado. Durante el peor momento de la crisis, según los datos del Ejecutivo, una tercera parte de la población activa tuvo algún tipo de protección y se han logrado salvar medio millón de empresas.
Además, se han puesto en marcha medidas para garantizar la liquidez de las compañías con una línea de crédito del ICO de 100.000 millones de euros, que se ha destinado en un 98 por ciento a pymes y autónomos. También está en marcha otra línea de 40.000 millones para promover la inversión. Asimismo, el Gobierno adoptó una serie de medidas para aliviar las cargas fiscales y de cotizaciones de las empresas y los autónomos con un impacto de casi 1.000 millones de euros.
El Gobierno también ha garantizado los recursos de las CCAA para combatir la pandemia mediante la creación del Fondo COVID con 16.000 millones de euros, que ha supuesto la mayor transferencia del Estado a las CCAA al margen del sistema de financiación. Unos recursos que las comunidades no tienen que devolver y que se distribuyen en función del impacto de la pandemia en la sanidad, la educación y en los ingresos autonómicos.
