Los decretos fueron criticados duramente por la oposición
El Gobierno abre la vía para recurrir el decreto ley de la Junta que modificaba 27 leyes y decretos
El Consejo de Ministros ha abierto este martes la vía para recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley de la Junta de Andalucía de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva, que modifica 27 leyes y decretos para introducir medidas económicas que afectan a numerosos sectores, al considerar que algunos de sus preceptos pueden colisionar con otras normas de carácter estatal, criticados por la oposición.
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La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En concreto, el Gobierno ha acordado solicitar el preceptivo informe al Consejo de Estado antes de decidir si recurre o no ante el Constitucional esta norma que modifica una veintena de leyes y seis decretos anteriores, según ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
La opinión del supremo órgano consultivo del Gobierno, aunque es obligado solicitarla, no es vinculante, por lo que el Gobierno podría recurrir al Constitucional incluso en el caso de que el Consejo de Estado lo desaconseje.
En concreto, el Gobierno quiere impugnar el precepto del decreto que modifica la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, por entender que vulnera las competencias estatales en defensa de los bienes culturales y contra la expoliación que están recogidas en el artículo 149 de la Constitución española.
El Ejecutivo central también ha detectado una "vulneración directa" de competencias estatales exclusivas en materia de telecomunicaciones, ha detallado Montero.
La opinión del supremo órgano consultivo del Gobierno, aunque es obligado solicitarla, no es vinculante, por lo que el Gobierno podría recurrir al Constitucional incluso en el caso de que el Consejo de Estado lo desaconseje.
Tanto el PSOE de Andalucía como Adelante Andalucía solicitaron a la Junta la retirada del decreto, convalidado el 2 de abril por la Diputación Permanente del Parlamento andaluz, porque consideraban que una norma de ese calado requería un debate más sosegado y anunciaron su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional por haberse aprobado en Diputación Permanente en plena crisis del coronavirus Covid-19. La medida también ha suscitado las críticas de distintos sindicatos y colegios y asociaciones profesionales. Además, fue duramente criticado por dar vía libre a la especulación urbanísitica o la legalización de radios pirata.
El decreto ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, aprobado con los votos de los socios de gobierno de la Junta --PP y Ciudadanos (Cs) y Vox, agiliza 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos, eliminación de barreras o modificación de tasas, en ámbitos como el turismo, el comercio, la salud, la industria agroalimentaria, la pesca, el medio ambiente, el urbanismo, la energía, los servicios sociales y los de carácter audiovisual.
Según defiende la Junta, esta reforma legal se enmarca en el Plan para la Mejora de la Regulación Económica impulsado por la administración autonómica en esta legislatura, que tiene como finalidad atraer inversiones y facilitar el acceso a la actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando y proporcionando seguridad jurídica, agilidad y una regulación más eficiente.
El PSOE-A valora que el Gobierno abra la vía para que el TC "pare los pies" a la Junta en el decreto de "desregulación"
El PSOE de Andalucía ha valorado "muy positivamente" el anuncio de este martes del Gobierno de España de solicitar al Consejo de Estado su informe previo a la presentación de un recurso estatal de inconstitucionalidad contra el "decretazo" de "desregulación" aprobado por el Ejecutivo andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), y confía en que el Tribunal Constitucional (TC) "pare los pies a la derecha de Andalucía" en lo referente a dicha norma.
En un comunicado, el portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, José Fiscal, se ha pronunciado así después de que el Consejo de Ministros haya abierto este martes la vía para recurrir ante el TC el decreto ley de la Junta de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva, que modifica 27 leyes y decretos para introducir medidas económicas que afectan a numerosos sectores, al considerar que algunos de sus preceptos pueden colisionar con otras normas de carácter estatal.
El portavoz socialista ha subrayado que el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno sacó este decreto "en plena crisis del coronavirus y con el objetivo de imponer la desregulación y la liberalización salvaje en la comunidad", y ha mostrado su confianza en que el Tribunal Constitucional "pare los pies a la derecha de Andalucía en su intento de volver a la especulación, a los favores a los amigos y a la eliminación de garantías que dan seguridad jurídica a las empresas tan característicos de la etapa de gobierno del PP en el país".
José Fiscal ha advertido de que este decreto autonómico de trámites administrativos, aprobado en Consejo de Gobierno y convalidado en una Cámara autonómica "mermada por las restricciones impuestas a causa de la pandemia (del coronavirus) con el apoyo de los partidos de derechas y ultraderecha --PP-A, Cs y Vox-- que sostienen a Moreno Bonilla en San Telmo, se hace en medio de la crisis del coronavirus y con total oscurantismo, con nula transparencia y sin contar con la oposición en el Parlamento ni con el tejido social andaluz".
El responsable regional socialista ha incidido en que "no se entiende" cómo el Gobierno andaluz "aprueba de esta manera un decreto de estas características, que modifica gran parte de la estructura legal autonómica".
Ha recalcado que, en el ámbito ambiental, dicho decreto de trámites administrativos elimina leyes llegando a "colisionar con normativa superior estatal y también europea" y, en el ámbito de la comunicación, "ha levantado en armas al sector y a colegios y asociaciones profesionales de periodistas porque permite la inserción de publicidad en emisoras piratas y la privatización de cadenas municipales".
Fiscal ha cuestionado "qué hay detrás de este decreto" del Gobierno de Moreno y "por qué quiere volver a tiempos pasados de especulación y tratos de favor" que, a juicio del portavoz socialista, caracterizó al PP en el Ejecutivo de la Nación.
"Esperamos que todo esto lo pare el Constitucional", ha indicado, insistiendo en la valoración positiva del PSOE andaluz de la decisión del Gobierno de España de emprender el procedimiento del recurso ante el Alto Tribunal "por su compromiso de velar por el interés general de los andaluces".
Adelante saluda que el Gobierno comience los trámites para recurrir al TC el "decretazo" de simplificación de la Junta
El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha saludado este martes "la decisión del Gobierno de España de comenzar los trámites que puedan desembocar en la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el decretazo" de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía que, "en aras de una supuesta agilización de trámites administrativos, abre la puerta al levantamiento de controles fundamentales en algunas materias que preocupan mucho" a la confluencia de Podemos e IU Andalucía.
Así lo ha trasladado la portavoz parlamentaria de Adelante, Inmaculada Nieto, en unas declaraciones distribuidas por la confluencia después de que el Consejo de Ministros haya abierto este martes la vía para recurrir ante el TC el decreto ley de la Junta de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva, que modifica 27 leyes y decretos para introducir medidas económicas que afectan a numerosos sectores, al considerar que algunos de sus preceptos pueden colisionar con otras normas de carácter estatal.
La portavoz de Adelante ha subrayado que a su grupo le "sigue preocupando que la aplicación de ese decreto podría favorecer, por ejemplo, que se construya en Valdevaqueros, una zona de Tarifa (Cádiz) reconocida mundialmente y preservada por la Unión Europea por su valor ambiental", así como "podría dar luz verde y agilizar los trámites para la ampliación del vertedero de Nerva (Huelva)", algo que a Adelante le parece "fuera de lugar y lesivo para una zona ya bastante castigada por las servidumbres que le genera la convivencia con este vertedero después de tantos años".
Nieto ha avanzado que desde Adelante Andalucía y desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos en Madrid van a "seguir trabajando para entrar al fondo de muchas cuestiones que son muy perjudiciales que este decreto toca para empeorarlas, y que traería un modelo de desregulación económica y de especulación urbanística que Andalucía no se puede permitir porque ya pagó un altísimo coste por ello años atrás", según ha aseverado.
Por otro lado, el portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha anunciado este martes en otro comunicado que Adelante elevará una queja al Consejo Audiovisual de Andalucía por la "falsa publicidad institucional de la Junta que alaba la gestión del Gobierno de (Juanma) Moreno Bonilla y costeada con dinero público", remarcando que "las administraciones públicas tienen prohibida la contratación de campañas de autobombo, tal y como recoge la Ley Básica de Publicidad y Comunicación Institucional".
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