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La investigación de la presunta trama urbanística sigue en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada

Dos años de la Operación Nazarí que sacó al PP de la Alcaldía de Granada

Política - Redacción El Independiente de Granada - Miércoles, 11 de Abril de 2018
La situación judicial se ha complicado para los populares, con nuevos casos que ponen en el punto de mira su gestión en Emucesa y TG7, además de la Casa Ágreda, y la imputación de seis de los ediles del grupo municipal por el caso Serrallo.

Despliegue policial en el Ayuntamiento el 13 de abril de 2016. p.v.m.

El PP llega al segundo aniversario de la Operación Nazarí que lo sacó de la Alcaldía de Granada debilitado por otros frentes judiciales. Cuando ya daba por superados los daños de esa operación, que investiga una presunta trama urbanística en la capital en la etapa popular, el procesamiento de seis de los once concejales que integran el grupo municipal por el caso Serrallo ha elevado la preocupación en el partido, que tiene además que dar explicaciones ante los jueces por su gestión en Emucesa, en TG7 y en la venta de la Casa Ágreda.

Cinco casos judiciales abiertos que ponen en el punto de mira los trece años de gestión del PP en la ciudad de Granada. Pese a ello, de puertas para afuera, los populares, muy a la baja en las encuestas frente a Ciudadanos, aseguran que esas causas no le impedirán recuperar una Alcaldía que, en palabras de Sebastián Pérez, su presidente provincial y ya candidato oficial para las próximas Elecciones Municipales, "nunca" debieron perder. 

Es la mayor investigación policial y judicial sobre presunta corrupción llevada a cabo en Granada

La investigación de la trama urbanística avanza lentamente por la complejidad de las operaciones. La UDEF sigue tirando el hilo y reclamando informes a los peritos de la Junta designados en este caso para concretar el supuesto trato de favor a constructores. Es la mayor investigación policial y judicial sobre presunta corrupción llevada a cabo en Granada, lo que da una idea de su dimensión.

Ahora en el PP hacen cálculos respecto al momento procesal en el que se encontrará esta investigación cuando se celebren el próximo año los comicios municipales. Mientras eso llega confían en que finalmente los concejales en activo no tengan que llegar a juicio por el Serrallo. La decisión del Ayuntamiento de Granada de no formular acusación contra ellos les ha dado un balón de oxígeno. 

Los otros casos se encuentran en una fase muy incipiente: recién iniciada la investigación en el caso de las contrataciones de personas afines al PP en la empresa que gestiona el cementerio y también por los gastos en la televisión municipal. No así en la Casa Ágreda, en la que el juez José Luis Ruiz Martínez se ha visto obligado a reabrir un caso que archivó precipitadamente, como dictaminó la Audiencia Provincial. La recusación contra el magistrado no prosperó y sigue al frente del caso. Las acusaciones populares que ejercen en este caso el empresario Ramón Arenas y el grupo municipal de Vamos Granada siguen cuestionando su actuación.

Aspecto que presentaba la Plaza del Carmen el día de la operación. p.v.m.

Los pasos municipales, objeto de crítica

Mientras en los juzgados de La Caleta y en las dependencias de la UDEF prosigue el trabajo para poner al descubierto la presunta trama, los pasos municipales no convencen a la oposición. Muy crítica se ha mostrado Izquierda Unida, que no comparte la manera en la que el área de Urbanismo está inspeccionando los expedientes de la etapa del PP y reclama una "auditoría real". 

Las últimas críticas han llegado desde Ciudadanos, que ha pedido explicaciones por "la pérdida de expedientes". De hecho, ha solicitado una comisión de investigación, advirtiendo al alcalde, el socialista Francisco Cuenca, de que si no lo hace llevará una moción a pleno.

El empresario Ramón Arenas se queja de las trabas para acceder a documentación 

Sobre el flujo de información que llega desde el área de Urbanismo una de las voces más críticas ha sido el empresario Ramón Arenas, clave en esta investigación -como también lo es el funcionario Jacobo de la Rosa- al haber destapado parte de las irregularidades que se investigan. Arenas acusa al gobierno local de ponerle trabas para acceder a documentación municipal que considera importante para su defensa. El empresario resultó perjudicado por una de las operaciones que integran el caso Nazarí, en la que el gobierno del PP supuestamente favoreció a otro empresario, Roberto García Arrabal. En concreto la del pabellón Mulhacén.

El gobierno local sin embargo defiende los pasos que está dando y no se cansa de repetir las dificultades a las que se enfrentan para poner orden en un área quedó bajo sospecha con la Operación Nazarí y de la que tuvo que tomar las riendas. En palabras de su portavoz, Baldomero Oliver, lo que sería una gestión ordinaria, aquí se convierte "en un ejercicio de heroicidad".