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El gobierno local plantea una auditoría por si pueden derivarse responsabilidades penales

Contratos fantasma del PP en Emucesa: hasta 36.000 euros anuales por no trabajar

Política - Redacción El Independiente de Granada - Miércoles, 13 de Diciembre de 2017
La exdirectora de TG7 y una integrante de las listas municipales del PP en 2015 figuran entre las cinco personas afines al partido que fueron contratadas como directivos en la empresa encargada de la gestión del cementerio y que no trabajaron allí, según certifica un informe de sus responsables.

Los ediles del PP Eduardo Moral y María Francés avalaron los contratos. p.v.m.

Carlos López, Ana María Navarro, Cristina García, Laura Luna y María Angustias Maldonado "no trabajaron en la sede de la empresa y no me consta la realización de trabajos para la misma". Las cinco dependían directamente del consejero delegado de Emucesa. 

Así consta en el informe elaborado por la empresa encargada de la gestión del cementerio en el que se cita a una sexta persona que, sin embargo, sí desempeñó tareas administrativas en Emucesa y se encargó de un estudio sobre el sector funerario en el Área Metropolitana de Granada, anque no concluido. 

Entre esos cinco contratados figura la exdirectora de TG7, Cristina García, como ya se desveló en septiembre de 2015, en plena polémica por su gestión en la televisión municipal, de la que fue apartada. En el caso de María Angustias Maldonado, figuraba en las listas del PP de la capital para las pasadas elecciones municipales, en los puestos que cerraban la candidatura.

Según la documentación consultada por El Independiente de Granada, los contratos fueron suscritos entre 2005 y 2012 por Eduardo Moral y María Francés, cuando estos ediles del PP ostentaban el cargo de consejeros delegados de Emucesa. 

La propia Oficina de Transparencia certificó en 2016 que la exdirectora de TG7 estuvo contratada por Emucesa

Los contratos, de alta dirección, les otorgaban labores de asesores de relaciones institucionales como adjuntos al consejero delegado; además de protocolo y relaciones con los medios en el caso de la exdirectora de TG7. En su caso, la contratación por Emucesa coincidió con una etapa en la que llegó a ejercer labores de prensa para el PP durante una campaña electoral, lo que suscitó una gran polémica al desvelarse esta situación en 2015. La Oficina de Transparencia del Ayuntamiento llegó a certificar, en febrero de 2016, que García estaba contratada por Emucesa.

La remuneración que recibieron oscilaba entre 34.000 y 36.900 euros brutos anuales, según contrato, percibidos en 16 pagas. 

Tras hacerse público el informe, del que informó Ideal, el portavoz del gobierno local, Baldomero Oliver, ha anunciado que solicitarán en el seno del consejo de administración una auditoría por si pudieran derivarse efectos penales, informa Europa Press. El consejo de administración habría de valorar también el "perjuicio" económico que estas contrataciones, realizadas cuando la compañía aún era pública, pudieron suponer, y sus efectos en la decisión del PP de "vender la mitad de la empresa", según Oliver, que ha pedido al presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, y a los concejales de su grupo municipal que asuman sus "responsabilidades políticas", más allá de que, de si las contrataciones pudieran tener alcance penal, el Ayuntamiento las pondría en conocimiento de la justicia.

Según Oliver, "el PP del señor Sebastián Pérez ha utilizado el Ayuntamiento de Granada y sus empresas como si fueran de propiedad particular para su interés y beneficio, a veces a costa" de los de la ciudad.

Por su parte, la concejala de Vamos Granada Marta Gutiérrez, que solicitó el informe y que atribuye a su grupo haber destapado las irregularidades, ha considerado que "la responsabilidad, si se confirman las irregularidades, tiene que ser política, pero sobre todo tiene que ser legal y por los cauces oportunos porque al final esta es la manera de defender al Ayuntamiento de las malas prácticas políticas e impedir que, si se han cometido ilegalidades, estas no queden impunes, porque al final, la cuenta de ese dinero, la paga siempre el ciudadano". 

También se ha referido a este asunto el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, preguntándose si detrás de estos contratos hay una posible financiación del PP. 

El portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares, cree necesario extender esas auditorías a todas las áreas municipales.

Desde el PP se ha instado al gobierno local a que si hay irregularidades, las denuncie.

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