"Esperemos estar de enhorabuena y que en breve Vitalia se pueda hacer cargo de la Residencia de la Huerta del Rasillo y de la atención de las personas que allí se encuentran", ha dicho hoy el concejal responsable del área de Bienestar Social, Fernando Egea, quien ha defendido la fórmula legal y el plazo de adjudicación establecido para que Vitalia se haga cargo del servicio, que estuvo al borde del cierre por las deudas de su anterior adjudicataria, la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, CANF. Los grupos de IU y Vamos Granada, sin embargo, no comparten sus argumentos y creen que la continuidad de la residencia puede peligrar.

Egea ha explicado que la fórmula elegida se ajusta a la legalidad y cuenta con el aval de la Administración Concursal de la residencia, que fue muy reticente a esa solución planteada y que finalmente la ha aceptado tras "múltiples" reuniones en las que se han implicado Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada. 

El concejal ha defendido que han llevado al máximo el plazo legal de adjudicación, que no puede ser mayor a 5 años, prorrogables por otros 2,5, según la ley. Según los informes jurídicos, no es posible una adjudicación ni por diez ni veinte años. Lo ha argumentado en que es una adjudicación directa, porque no se podía utilizar la figura jurídica anterior, que era una cesión, puesto que Vitalia es una mercantil y la Canf es una entidad sin ánimo de lucro. Solo se barajó esa cesión cuando se planteó que asumiera la gestión Fregradi, otra entidad sin ánimo de lucro, que lo descartó por ser inasumible la deuda arrastrada. 

Egea ha destacado que el Ayuntamiento ha facilitado al máximo las condiciones y ha trabajado en "estrecha" colaboración con la Junta, tanto con los responsables en Granada como en la Consejería. Ha querido subrayar las dificultades del proceso y ha agradecido la implicación de los letrados municipales para buscar una solución. 

Dudas de Vamos Granada e IU

Para la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, la cesión del uso de un edificio propiedad municipal no puede ser "un obstáculo" para la continuidad de la residencia. Según ha manifestado, si el equipo de gobierno no está dispuesto a asumir en solitario la responsabilidad de la cesión de ese edificio por el plazo de diez años, que excede con mucho su mandato, pero que según ha recordado es "el mínimo que requiere la empresa para asumir viablemente la gestión", será necesario llevar esta cuestión al pleno. De esta manera se aprobaría con "el respaldo necesario", incluso para explorar "soluciones que den aún mayor garantía para el interés público como puede ser la cesión a los propios residentes, articulando las formas de asesoramiento legal necesario para así tener independencia absoluta de la empresa que finalmente se haga cargo de la gestión". 

Tras insistir en la responsabilidad de tutela de la Junta de Andalucía, ha recordado que hay una deuda de 700.000 euros a la Seguridad Social y varios meses de salario a los trabajadores, mientras los residentes pagaban puntualmente la parte de su pensión y también se pagaba la subvención autonómica. Por todo ello ha apostado por la gestión pública de este tipo de servicios que se financian con "dinero público".