La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que archive la pieza 'política' de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía, como es la que afecta a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas, como Marina Martín.

En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Soto, pide el sobreseimiento provisional de la investigación abierta en relación con la intervención de la dirección general de Formación y de las distintas delegaciones provinciales del SAE en la concesión de subvenciones públicas para la realización de cursos de formación al estimar que de las investigaciones practicadas y de las declaraciones recibidas a lo largo de la instrucción no ha quedado acreditada la existencia de un delito de prevaricación por parte de los altos cargos investigados.

En este escrito de 33 páginas, el representante del Ministerio Público considera que, con los medios de investigación empleados por la Guardia Civil (como por ejemplo las resoluciones de exoneración), no se ha podido identificar la "red clientelar" que la juez Mercedes Alaya -ahora en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla- atribuyó a los altos cargos investigados.

Y es que cabe recordar que la juez Alaya aseguraba en sus autos que desde la Consejería de Empleo se impartían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales "para que no se controlara el dinero" destinado a la formación, "creando de esta forma una red de clientelismo político", pero frente a ello la Fiscalía resalta que, en sus atestados, la Guardia Civil "no ha podido identificar un grupo de beneficiarios que por afinidad política u otros criterios hayan sido causa de la concesión arbitraria de subvenciones para el enriquecimiento personal de los mismos".

Los casos de Ángel Ojeda y Rafael Velasco

"No se ha podido identificar la estructura de un plan preconcebido dirigido a favorecer a determinadas personas o entidades", subraya el Ministerio Público, que no obstante manifiesta que "hay determinados empresarios y personas jurídicas y físicas, cercanos a la Junta, sistemáticamente beneficiadas con subvenciones", punto en el que menciona los casos del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda o del ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco.

En esta línea, precisa que estos entramados empresariales "constituyen el objeto de procedimientos diferenciados y distintos, bien en este Juzgado u otros de Sevilla, con investigaciones judiciales separadas", ya que "ni en los informes especiales de Intervención ni en los atestados" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que constan en la pieza 'política' de la formación "se hace referencia a los mismos más que de manera esporádica".

"Singularmente y a nivel regional en la llamada operación 'Edu' en toda Andalucía, se investigan de manera separada personas y empresas concretas", todo ello "igualmente sin perjuicio de nuevos datos y otros procedimientos que pudieran incoarse en el futuro", explica el fiscal Fernando Soto.

De otro lado, señala que las resoluciones de exoneración o exceptuación dictadas por los consejeros imputados "no son constitutivas" de prevaricación, ya que "no superan el canon que establece la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para considerar una resolución administrativa como prevaricadora". "Podrían ser acertadas o no, nulas o no, incluso contrarias a la ley, sobre todo la manera en que se hizo, pero desde luego no constitutiva de delito alguno", dice, agregando que estas resoluciones "responden a criterios interpretativos aceptables y razonados y conforme a la norma".

Las resoluciones de exoneración

A su juicio, las resoluciones de exoneración o de exceptuación "se utilizaron en la Administración andaluza para resolver el problema del retraso en la comprobación de las subvenciones, impidiendo así que se paralizaran las políticas activas de empleo que son los cursos", indicando que "es cierto que todo ello se obviaría con una administración eficiente y eficaz. Si pudiésemos imaginar unos servicios administrativos que liquidan y aprueban la justificación en tiempo y forma no existirían estos problemas".

"Ni que decir tiene que ello es un desideratum, que es el objetivo al que ha de encaminarse la administración, pero esto no puede ser la base para considerar esa actuación delictiva", prosigue la Fiscalía, que considera que la labor de justificación y liquidación por parte de los organismos y delegaciones del Servicio Andaluz de Empleo encargados de tal labor "no puede ser tachada de manera global de negligente", ya que "ni siquiera cabe en la vía penal un estudio globalizado de tal cuestión".

"El análisis jurídico penal siempre es individualizado a una conducta concretada en una persona y por razón de unos hechos, no puede basarse en la eficacia, eficiencia o incluso legalidad u oportunidad de toda una administración valorada en su conjunto. Esto es más bien propio de la labor auditora, revisora contenciosa administrativa o incluso política; añade, aseverando que "la tesis de que la administración dolosamente haya dejado de emplear controles o los haya soslayado es difícil de sostener".

'La exoneración masiva fue una respuesta a un problema creado por la propia Junta'

El fiscal precisa que, con ello, "no queremos decir que la forma en que se hizo fuere absolutamente conforme a la ley", ya que "la exoneración masiva o múltiple fue una respuesta a un problema creado por la propia administración ante el retraso y las dificultades para la comprobación y justificación", de manera que, según abunda, "la solución por la que se optó por los responsables políticos puede resultar nula o ilegal, pero ello no lo convierte sin más en un acto de prevaricación".

La Fiscalía agrega que, en esta labor y singularmente la emisión de las certificaciones a las que se refiere el artículo 41 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía (RIJA), "se han cumplido unos cánones razonables atendidas a las circunstancias de cada caso, a la dificultad, y lo prolijo y amplitud de la materia".

Hay que tener en cuenta, según resalta, que la Administración andaluza concedió un total de 18.023 subvenciones a la formación por valor de 2.896.485.505,7 euros en el periodo 2002-2012. A fecha del informe requerido por providencia de 15 de diciembre de 2015 y elaborado por la dirección general el 27 de abril de 2016, se encuentran justificados 15.561 expedientes por valor de 1.928.074.316,64 euros.

A fecha 31 de diciembre de 2015, se encontraban pendientes de justificar 2.462 expedientes por valor de 529.255.259,28 euros, relata el fiscal, que añade que sólo ha prescrito el derecho de la Administración en cinco expedientes, todo lo cual "da una idea de lo complejo e ingente de la materia y de lo dispar de los datos empleados y de la realidad final a la que se ha llegado tras la investigación".

En la gestión de la liquidación de las subvenciones, los criterios interpretativos empleados por los delegados del SAE imputados, singularmente los referidos a los documentos a aportar por los beneficiarios, el informe del auditor, "son correctos desde cánones interpretativos admisibles en Derecho, conforme a la orden de 23 de octubre de 2009 y toda la legislación autonómica y nacional sobre subvenciones que es aplicable y de ello no es posible inferir juicio delictivo alguno".

En la pieza del SAE de los cursos de formación, la juez Núñez investiga a 24 personas, entre ellas el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o 13 ex altos cargos de la Junta que fueron detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Barrado' desarrollada en marzo de 2015.